La mala educación

Probablemente se cierra el año más duro por el que haya atravesado la educación madrileña en los últimos 25 años. Nunca antes docentes, padres y alumnos se habían enfrentado a una situación tan compleja, provocada por el acoso y derribo al que está sometiendo el gobierno de Esperanza Aguirre al más esencial de los derechos ciudadanos, la educación pública.

Los recortes ejecutados por el gobierno regional para este curso escolar y anteriores, ponen en riesgo el derecho de niños y jóvenes de ser educados y aprender en igualdad de condiciones, independientemente de donde vivan, sus posibles problemas de aprendizaje, su nacionalidad o de la situación económica de su familia.

El recorte de 3.000 profesores de secundaria o de casi medio millar de maestros y maestras en la educación primaria, no corresponde ni a un ejercicio de ahorro ni a un capricho de la consejera de turno, la Sra. Figar, que carece de cualquier noción básica e imprescindible para gestionar algo tan esencial como la educación.

Estos recortes corresponden a una estrategia planificada por el gobierno conservador de Aguirre. El PP pretende cambiar el modelo educativo del que nos dotamos en España con la llegada de la democracia y que tanto nos ha dado a diferentes generaciones; un modelo basado en la igualdad, en la universalidad y asentado en el principio de servicio público.ç

El PP quiere una educación de primera y de segunda, en un regreso a aquella España oscura del franquismo. La educación de segunda, por supuesto, va dirigida a la mayoría de la ciudadanía. El gobierno Aguirre pretende que clases medias, sectores más desfavorecidos de la sociedad y población con menos posibilidades, sean los atendidos por una escuela pública marginal y con escasos recursos.

Los colegios de élite serán los que acojan a la población privilegiada, a esa clase pudiente y rica con la que las señoras Aguirre y Figar se sienten tan identificadas porque a ella pertenecen. Estos centros de élite, muchos de ellos en manos de órdenes religiosas integristas y sectarias –Opus Dei, Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación– son ya financiados en gran parte por el gobierno regional utilizando los impuestos de todos y todas las madrileñas. Unos impuestos, los de todos, que también son utilizados para hacer regalos fiscales de 90 millones de euros anuales a esas familias pudientes que escolarizan a sus hijos en estos centros de élite.

Pero lo peor está por venir. Los presupuestos regionales aprobados para 2012 dejarán sin efecto la afirmación que hacía al principio de este artículo. Y ante la guerra social que provocará el gobierno regional con sus medidas, la oposición política liderada por el Partido Socialista, y la oposición ciudadana liderada por la marea verde y los sindicatos dará la justa y legítima batalla.

Eusebio González es el portavoz de Educación del PSM en la Asamblea de Madrid