Denuncian "hacinamiento" en el CIE de Aluche

El fallecimiento de una mujer de origen congoleño a causa de una meningitis ha llevado a varios magistrados del juzgado madrileño a reconocer la situación de hacinamiento del CIE. Además, en la sentencia del juzgado, se señala que en el centro de Aluche no sólo no hay habitaciones individuales o dobles, sino que además los dormitorios son en su mayoría 'inapropiados' y carecen de cuartos de baño. Por tanto, debido a estas condiciones, no es extraño que las personas contraigan enfermedades infecciosas que además se pueden contagiar.

Según el auto del juzgado, la responsabilidad del centro es del director, que es quien debería garantizar la salud de los extranjeros que se encuentran en el CIE.

Resaltan también como hecho grave que no exista una enfermería donde los enfermos puedan permancer separados de los sanos, por lo que es casi imposible evitar el contagio de ciertas enfermedades infecciosas.

El auto afirma que el director del CIE de Aluche deberá habilitar el número necesario de habitaciones para separar a las personas que tenido contacto con la fallecida si los servicios médicos lo estiman oportuno, y también exige que cualquier interno que presente síntomas de enfermedad sea trasladado a un hospital para recibir el tratamiento preciso. Por último, concluyen que la fallecida pudo no ser diagnosticada a tiempo.

Exigen un reglamento para los CIE
Tras las declaraciones recogidas en el auto, el partido político Equo, diversas asociaciones de inmigrantes y ONG reclaman mayor transparencia sobre lo que acontece en el centro y denuncian la situación de las personas recluidas en este. Desde Equo, denuncian la pasividad de la Administración ante estas circunstancias y consideran urgente la aprobación de un Reglamento que regule el funcionamiento de estos centros.

Hacen hincapié en el hecho de que el CIE no es un centro penitenciario y que las personas allí internadas el único derecho limitado legalmente es su libertad deambulatoria. Son personas que carecen de papeles por lo que que sólo incurren en una falta administrativa, y por eso deben poder hacer uso de sus derechos fundamentales.

Asociaciones de Inmigrantes y ONG también denuncian las circunstancias de las personas que se encuentran en los CIE, ya que consideran que estos se construyeron pensando en el control de los retenidos y sin tener en cuenta las necesidades que estos pudieran tener. Reclaman un reglamento que regule el funcionamiento de los centros y aseguran llevar mucho tiempo reclamando la falta de consideranción e incluso el maltrato a algunos extranjeros, aunque no se les ha prestado ninguna atención.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, afirma que la sobreocupación de estos centros es frecuente. Cava de Llano ha afirmado que lleva años recibiendo quejas sobre los nueve CIE que hay en España. Además ha señalado que desde 2007, ha recibido sucesivos informes denunciando la situación del centro de Aluche por las dificultades a la hora de asignar un servicio médico permanente y estable.

La Defensora del Pueblo considera que el modelo de los CIE es inadecuado porque supone la custodia de personas por parte del Cuerpo Nacional de Policía en un periodo dilatado de tiempo, cuando según su parecer,  lo lógico será que la policía llevara a cabo su custodia desde el exterior de las instalaciones.

También ha señalado la ausencia de asistencia social en los centros, así como de mecanismos de control de la actuación policial en su interior. Tampoco hay módulos de convivencia familiar ni criterios para separar a las personas cuya única falta es la carencia de papeles de otras recluidas por haber cometido un delito.