La Dirección Provincial de la Seguridad Social admite que, debido a la crisis, quedarse con los inmuebles de los que no pagan es complicado ya que no pueden embargar pisos que tengan otras cargas. A la Administración le es más fácil proponer al empresario un plan para subsanar su deuda y regularizar su situación.
Así se desprende del
balance de actividad de la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid en 2010. Según estos datos, los embargos de bienes inmuebles ejecutados por el organismo el año pasado se redujeron en un 51,19 por ciento respecto a 2009, pasando de 8.628 a 4.211. La razón, según admitió este martes el director provincial, Rodrigo Mares, es simple: hay que asegurar el cobro.
"Seguimos embargando pisos. Cuando tomamos la decisión de ejecutar vamos a por todo, pero, desde el punto de vista inmobiliario, está claro que los inmuebles están cada vez más afectados por otro tipo de cargas como préstamos hipotecarios, avales o créditos personales. Sólo embargamos
si no tienen cargas, por eso hemos diversificado nuestra actividad", detalló Mares.
Algo parecido pasa con otras propiedades, La Seguridad Social se quedó el año pasado con 1.748
vehículos y
embarcaciones menos (-11,85 por ciento) al estar estos sometidos también a cargas crediticias. A cambio, y para compensar, aumentó los embargos de
bienes muebles (todos aquellos contenidos en una vivienda o un local y que pueden ser trasladados) hasta llegar a los 49.268 enseres (+4,6%). Y lo que es más importante, intensificó la inmovilización de
cuentas corrientes hasta llegar a las 223.918 embargadas (+18,04%).
Más facilidades para pagar
El aumento de los embargos ha ido en paralelo al aumento de las autorizaciones para aplazar las deudas con la Seguridad Social. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo autorizó en 2010 hasta 10.645 aplazamientos, 1.470 más que en 2009, que se concedieron a "proyectos empresariales que, siendo viables, presentan dificultades de liquidez". Para acogerse a esta posibilidad, las empresas deben presentar un
proyecto de viabilidad si deben hasta 30.000 euros. En caso de importe superior, aportarán, además, distintas credenciales y
garantías al cobrador.
El importe total de los aplazamientos solicitados por empresas madrileñas a la Seguridad Social superó por primera vez en 2010 los
125 millones de euros, una cifra récord que supone un 180% más de lo que estas pedían aplazar en 2007, cuando comenzó la crisis económica. El 94,56% de las solicitudes autorizadas correspondieron a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, que suponen, a su vez, más del 90% del tejido productivo de la Comunidad de Madrid. El restante 5,44% de solicitudes fueron hechas por empresas que deben entre 30.001 y 90.000 euros (3,83%) y las que deben más de 90.000 euros (1,61%).
La propia Seguridad Social también aumentó las medidas cautelares impuestas en 2010 (531 frente a 238 en 2009) y la recaudación por vía ejecutiva (214,98 millones obtenidos frente a los 198,29 el año anterior) como forma de
asegurarse el cobro.
Respecto a las
administraciones públicas, el director provincial aseguró que la situación no ha cambiado de unos meses a esta parte y que la gran mayoría de ellas "cumple con sus obligaciones". "La deuda está perfectamente regularizada", garantizó, pese a que hace tres meses Mares admitía la existencia de ayuntamientos madrileños que
no estaban al corriente de pago. Entre ellos no estaba el Ayuntamiento de Madrid, cuya deuda es la mayor de los municipios españoles.
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