- La ley de la Cañada Real va a aprobarse sin consenso. ¿Es la mejor forma de sacar adelante una ley tan importante?
Es una profunda decepción y hago un último llamamiento a la Comunidad de Madrid para que reconsidere su posición.
En su propio partido se lo dicen, esta ley no puede salir adelante sin el acuerdo de los ayuntamientos, que son los primeros interesados. Con el planteamiento de la Comunidad no se resuelve el problema de la Cañada Real, que es sobre todo un
problema social muy complejo que no se resuelve con soluciones urbanísticas, que es lo que propone esta ley. ¿Por qué le decimos los ayuntamientos y la Delegación de Gobierno que no? Porque establece un plazo de tiempo cortísimo [dos años] para que los ayuntamientos cumplan su parte y no garantiza en cambio la educación de los niños y jóvenes, la situación sanitaria, la actuación contra la exclusión social, los
realojos y las medidas medioambientales. Y para solucionar todo ello a la Comunidad no le hace falta ley, sino un plan urgente de atención que llevo dos años pidiendo.
- ¿Han contado con la Delegación de Gobierno para elaborar esta ley, dado que es la responsable de la seguridad?
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Nos hemos reunido en múltiples ocasiones. Siempre he apostado por la lealtad, la colaboración y el diálogo entre administraciones. El problema es que eso no se ha plasmado en un acuerdo. Lo que tenemos es un acuerdo de todos contra la Comunidad de Madrid. No es casual que estemos todos, incluido el propio Partido Popular del
Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo en que lo que va a hacer no es bueno. Sin solucionar esto es inútil lo que vaya a hacer. La Ley, en estas condiciones, no servirá para nada porque no ataca el problema fundamental.
- ¿Qué hay, en términos de delincuencia, en la Cañada Real? Frecuentemente hay operaciones policiales y se han llegado a dar secuestros, asesinatos y otras.
En la Cañada tenemos operativos especiales cada semana con la Policía Nacional y la Guardia Civil dedicados a la seguridad ciudadana, contra el tráfico y menudeo de drogas o el robo de cobre. Nunca se han hecho tantos operativos como en los últimos dos años, muchos, en coordinación con la Policía Local de Madrid. Nunca se ha detenido a tantos miembros de
clanes históricos de la droga [los
'Gordos'], pero tampoco se ha apoyado tanto a Cruz Roja, el Secretariado Gitano y la
Parroquia de Santo Domingo en su labor social en la zona.
El
problema de seguridad que supone la Cañada es importantísimo. Es un espacio de alegalidad que no está urbanizado, donde no hay numeración en las calles y no hay censo, lo que complica y mucho el trabajo que allí realizan la Policía y la Guardia Civil. Además, se producen periódicamente
incendios e
inundaciones y la situación sanitaria es insostenible. Por eso hay que actuar urgentemente en lo social y no en el urbanismo, que vendrá después.
- El ciudadano se pregunta por qué la Policía o las administraciones no desmantelan en una sola operación la Cañada. ¿Cuál es la razón?

En la Cañada no podemos intervenir de esa manera porque hay que distinguir a las personas pobres, atrapadas por la pobreza y la exclusión social, de la minoría que se aprovecha de esa situación de marginalidad para delinquir. Tenemos que actuar sólo contra esos. No todos los que viven en la Cañada son delincuentes, sino
personas pobres y excluidas que necesitan de una intervención social. Yo le he pedido por escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se destine una unidad de venopunción [
narcosala] a la Cañada para acabar con la situación inhumana de los drogodependientes. Esta sería el 'punto cero', el primer paso para que abandonen las drogas. No he obtenido respuesta. Estas personas son enfermos, que no son la mayoría, pero tienen sus derechos. También he pedido un plan de limpieza urgente, porque la insalubridad es intolerable, y que se apoye la labor de las ONG en la zona. Ese es el camino adecuado a seguir.
- Queda una semana para la aprobación de la ley en la Asamblea de Madrid. ¿Qué le pide a la Comunidad de Madrid?
Desde el primer momento he impulsado y defendido un acuerdo para la Cañada Real. Queda poco tiempo, pero tenemos que aprovecharlo. Si Esperanza Aguirre desaprovecha esta oportunidad habrá tirado por tierra la ocasión de inicia el
principio del fin de la Cañada, para que sea un espacio fuera de la exclusión social, que alcanza niveles inaceptables en un país europeo y en una ciudad como Madrid. Con una llamada para reunirnos es suficiente.
- ¿De quién es la culpa de la que la Cañada Real haya llegado a esta situación, con entre 15.000 y 40.000 personas viviendo ilegalmente en una zona protegida?
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Fundamentalmente de la Comunidad, por no ejercer sus competencias, y del Ayuntamiento de Madrid [reúne la mayor parte de habitantes ilegales en su término municipal], que además tiene un problema muy grave en El Gallinero. No nos engañemos, el
Gallinero no es Cañada, pero no existiría si no se hubiese desarrollado la Cañada. En ambos casos, si no se hubiese hecho dejación de funciones un problema como es el chabolismo, la exclusión social y la marginalidad no habría alcanzado las proporciones inaceptables que tiene hoy. No se puede seguir mirando para otro lado.