El pasado
29 de junio, cuando se cumplía el segundo día de huelga de Metro y los trabajadores decidieron no cumplir unos servicios mínimos que consideraban injustos,
Madrid se paraba por el cierre obligado de Metro, al no haber conductores ni personal que operase la red. El Comité de Huelga, y dentro de él el representante del Sindicato de Conductores, Vicente Rodríguez, había advertido públicamente que los paros iban a "
reventar Madrid" y que "l
a señora Aguirre van a tener un caos que no se imagina". La presidenta regional anunció inmediatamente que presentaría un escrito al Fiscal General del estado, Cándido Conde Pumpido, por un posible delito de amenazas. Ahora, y según adelantó el diario
La Razón, Esteban Rincón pide archivar el caso. Eso a pesar de que, como denuncia el Gobierno de Aguirre, Esteban sí quiere
perseguir a los controladores aéreos por el
caos que provocaron deliberadamente hace pocas semanas.
"No creo que ningún madrileño entienda que ante situaciones parecidas y con un impacto muy negativo para los ciudadanos, en un caso el Fiscal pretenda meter en la cárcel a los controladores y el otro caso, el de los cabecillas de aquella huelga ilegal, haya recomendado el archivo.
El tratamiento no está siendo equivalente y a todos los madrileños nos escandaliza", protestó este jueves Francisco Granados. El consejero de Presidencia Justicia e Interior, que este jueves actuó como portavoz del Gobierno, se unía así a Esperanza Aguirre, que ha calificado de "impresentable" la situación.
Los despidos
La Comunidad aún espera la respuesta a su petición judicial para que la huelga de los días 29 y 30, aquellos en los que Metro tuvo que cerrar por el incumplimiento de los servicios mínimos, sea declarada ilegal. Ahora bien, pese al posible archivo de la primera causa y la demora en la tramitación de la segunda, la huelga
no les va a salir gratis a los cabecillas de la misma.
Como informó hace una semana en la Asamblea el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, Metro ha abierto más de
600 expedientes, diez de los cuales han sido propuestas para la
máxima sanción, y ha hecho
tres peticiones de despido, la de los líderes visibles del Comité de Huelga y los que "instigaron y empujaron" al resto -según la compañía- a provocar el cierre del servicio. Los nombres de estos tres no pueden hacerse públicos, como les explicó
Madridiario, porque el procedimiento está protegido por la ley de protección de datos. Ahora bien, tanto en Metro como en la Comunidad se apunta a
Vicente Rodríguez, autor de las declaraciones más duras sobre la huelga, como uno de los que 'caerá' en esta depuración de responsabilidades.