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El Gobierno prorrogará el estado de alarma 'si es necesario'

El Gobierno prorrogará el estado de alarma "si es necesario"

Por MDO/E.P.
jueves 09 de diciembre de 2010, 00:00h
Actualizado: 09/12/2010 15:59h
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que tiene intención de mantener e incluso pedir al Parlamento la prórroga del estado de alarma más allá de los quince días iniciales "en función del análisis" de la tranquilidad que debe tener el Gobierno de la prestación del servicio de tráfico aéreo sin que los ciudadanos se vean "chantajeados" por los controladores.
"No vamos a estar en estado de alarma ni un día más ni un día menos de lo que necesiten los ciudadanos de este país para circular sin ser chantajeados por los controladores aéreos", ha afirmado durante su segunda intervención en el Pleno para explicar por qué el Gobierno decidió decretar esta situación a raíz del cierre del espacio aéreo por el 'plante' de los controladores.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Zapatero ha asegurado que las "medias adoptadas" en el marco del estado de alarma han dado resultado y han conseguido lo que no había sido posible con las "facultades ordinarias" del Ejecutivo ante una situación que ha calificado de "calamidad pública", permitiendo la reapertura "en menos 24 horas" del espacio aéreo, y ha advertido que esta situación no pude volver a repetirse y nadie debe tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos.

"El Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar requisitos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de Derecho para poner fin a situaciones como las que vivimos el pasado fin de semana", ha remarcado. Como argumento a su defensa, el presidente ha detallado pormenorizadamente la secuencia de acontecimientos que llevó al Gobierno a "agotar sus posibilidades" de actuación mediante medios "menos excepcionales".

Zapatero ha asegurado que el Gobierno se ha esforzado por que la declaración del estado de alarma se ciñera a lo "estrictamente necesario" mediante  su limitación a las torres y centros de control de tráfico así como mediante la "expresa salvaguarda" de los derechos de los trabajadores afectados por la movilización.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha señalado que habrá que esperar a la resolución de los 430 expedientes laborales incoados por AENA  por motivos laborales y por la Agencia Española de Seguridad Aréa, (AESA) por presuntas infracciones a la ley de seguridad aérea, para saber la gravedad y el alcance de las resposnabilidades en que se hyaa incurrido.

Respecto a las diligencias iniciadas por al Fiscalía, ha explicado que también habrá que esperar, pero el ordenamiento jurídico español ofrece "resortes".

También ha explicado que la decisión del Gobierno de aprobar una nueva regulación de la jornada laboral de los controladores, incluida en el decreto ley de nuevas medidas económicas, respondió al "riesgo cierto" de que los controladores generalizaran los conflictos iniciados en Santiago de Compostela y Canarias.  

Negociaciones con el sindicato

El jefe del Ejecutivo ha revelado que mientras se desarrollaron los acontecimientos en las 24 horas entre la tarde del viernes y el sábado, se llegaron a mantener dos reuniones con el sindicato de cotroladores, USCA, que fracasaron porque como contrapartida se exigió que se retirara el decreto de organización de trabajo de los controladores aprobado en febrero.

Zapatero ha recordado que dicha norma fue impugnada por los controladores ante la Audiencia Nacional, un recurso rechazado de "manera terminante" a través de una de las "sentencias más contundentes" que se recuerdan, el pasado 10 de mayo, en la que se afirma que la intervención del legislador no sólo era obligada, "sino imprescindible" para corregir una situación "tan calamitosa" que ninguna Administración responsable "debe tolerar".

"Este no tolerar una situación como la que se vivió el fin de semana pasado es lo que ha inspirado la actuación del Gobierno", ha señalado Zapatero, quien ha elogiado el trabajo del ministro de Fomento, José Blanco, en la gestión del conflicto con los controladores.

La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido que en este debate cada grupo parlamentario disponga de un turno de diez minutos, menos del tiempo que disponen en un Debate sobre el estado de la Nación o incluso en una sesión informativa sobre las cumbres europeas.

Además, según ha dicho el propio presidente del Congreso, José Bono, es muy posible que Zapatero no haga uso del turno de réplica y se conforme con su exposición inicial, con lo que el debate podría terminarse en apenas dos horas.

Este formato 'reducido' ha despertado las críticas del diputado de IU, Gaspar Llamazares, que ha cuestionado este formato teniendo en cuenta que ha sido la primera vez que se ha decretado el estado de alarma en España desde la aprobación de la Constitución, lo que a su juicio exigiría un debate más profundo. En su opinión, un debate de menos de dos horas y con diez minutos por grupo no va a permitir matices y todo va a quedar reducido al "trazo grueso".

Polémicas

El estado de alarma establece que los controladores aéreos tienen que permanecer bajo las "órdenes directas" de la "autoridad competente" y que "el incumplimiento o la resistencia" a ellas "será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes".

Desde que se decretó el estado de alarma, la normalidad ha ido volviendo a los aeropuertos españoles. Los controladores aéreos, a través del USCA, han reconocido que su reacción fue desmedida y que se debió al acoso y derribo al que está siendo sometido el colectivo con el cambio constante de sus condiciones laborales.

El Ejecutivo no ha decidido aún si pedirá al Congreso que prorrogue el estado de alarma una vez pasados los 15 días estipulados, pero ha dejado claro que "no le temblará el pulso" si tiene que hacerlo y ha dicho además que será la justicia la que decida quién debe pagar por los daños causados a pasajeros, aerolíneas y otros afectados.

De momento, arrecian las demandas (5.000 afectados se han unido ya en una demanda colectiva) y la Fiscalía de Madrid ha citado a partir de este jueves a declarar a un centenar de controladores aéreos por un delito de sedición con motivo del abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, alegando la falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo.

Rajoy arremete contra Blanco
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado que el conflicto con los controladores aéreos ha puesto de manifiesto la "desidia y la pasividad" con la que el Gobierno socialista gestiona los asuntos públicos. Además, ha cargado duramente contra el ministro de Fomento, José Blanco, quien, a su juicio, es un ministro "a tiempo parcial" que se dedica "a lo que no se tiene que dedicar".

"El señor ministro de Fomento es un inútil total, con dosis importantes de caradura, porque siempre encuentra una excusa para no asumir responsabilidades", ha proclamado Rajoy citando una frase que en su día empleó Alfredo Pérez Rubalcaba contra el ministro de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado, por unos retrasos en los aeropuertos en 1999.

Esta afirmación ha provocado un gran revuelo en la Cámara Baja y el presidente del PP ha aclarado que esos "cariñosos epítetos" fueron los que dedicó el actual vicepresidente primero en 1999. "No seré yo quien diga esto, porque yo no soy así pero sí seré el que exija al presidente que ponga orden en ese Ministerio", ha exclamado.

Hasta ocho años de cárcel
El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que se van a proponer penas de hasta 8 años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.

Conde-Pumpido, que se encuentra en Zaragoza presidiendo una reunión de la Junta de Fiscales, ha resaltado que "el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo, es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años".

"No estamos hablando de un problema laboral, porque no se han utilizando en ningún momento las vías legales, sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y para España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación". El fiscal general del Estado ha precisado que "hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos".
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