Ya hay varios gobiernos regionales 'populares' que han anunciado que no aplicarán la nueva ley del aborto en sus territorios. Madrid anuncia que los costeará pero asegura que "la mayoría de los profesionales se niega a hacer abortos" y que es habitual que se deriven a clínicas privadas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, garantizó este martes que aplicará la nueva ley del aborto, porque la región "cumple todas las leyes". Así se distancia de las posturas que han mantenido otros dirigentes del PP, como el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que este lunes aseguró que no aplicará la norma, al estar recurrida ante el Tribunal Constitucional.
De este manera, el Gobierno regional seguirá la doctrina exigida por el PP nacional, que este martes ha recordado a sus dirigentes regionales que hay que cumplir la ley, aunque ha seguido mostrando su oposición a
la reforma sobre el aborto. El consejero de Presidencia, Justicia a Interior, Francisco Granados, ha remachado que "es conocido el desacuerdo total y absoluto" del equipo de dirige la Comunidad de Madrid sobre el aborto y el de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty ha dicho que, personalmente, este lunes fue "un día triste" por la entrada en vigor de la ley.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero también ha llamado a la calma a los dirigentes 'populares' e, incluso, ha amenazado con tomar medidas judiciales si no se cumple la normativa aprobada por la Cortes.
Pese a que el Gobierno regional de Madrid mantiene que cumplirá con lo establecido, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ha señalado que preservará "en todo momento" el derecho de los profesionales, particularmente de los médicos y enfermeras, a no practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia.
Derivaciones a clínicas privadas
A efectos prácticos, explicó que, para médicos y enfermeras, la situación es la misma que desde el año 85, cuanto entró en vigor la anterior ley del aborto. "La Comunidad de Madrid, en sus hospitales públicos, no obliga a nadie en ningún caso a realizar un aborto y la realidad es que la mayoría de los profesionales, por no decir la práctica totalidad con algunas excepciones, se niegan a hacerlos y esa es la garantía que quiere dar la Comunidad".
El consejero expuso en una entrevista en Telemadrid que "en este momento en Madrid, al amparo de la ley, quien quiera realizarse un aborto, puede hacerlo sufragado con fondos públicos, pero normalmente se hace derivándolo a clínicas privadas". La ley estatal no obliga a crear un registro de objetores, que podría garantizar que las mujeres que lo deseen puedan abortar en la sanidad pública, como ha defendido IU. Lasqetty asegura que este registro es innecesario y que se seguirá gestionando como hasta ahora.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también se mostró este martes contrario a la nueva normativa sobre el aborto, pues con la anterior regulación en 1985 el Tribunal Constitucional enmendó la norma anterior por considerar que no protegía suficientemente al no nacido, lo mismo que a su juicio sucede ahora.
"El Tribunal Constitucional estableció una doctrina de protección a la vida del ser humano, del no nacido. Estableció que ante la existencia de conflicto entre bienes jurídicos de igual valor no se podía establecer reproche (a quien optara por esta opción), pero que en la ausencia de ese conflicto hay que proteger la vida. Y esa doctrina es la que contradice de forma rotunda la ley aprobada por el PSOE, y por eso se ha llevado al Tribunal Constitucional", argumentó Gallardón.
Atentos al cumplimiento
Tras la reacción del PP por la entrada en vigor de la ley este lunes, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, acusó al partido de Mariano Rajoy de no querer que España sea homologable a los demás países europeos en derechos. Durante una entrevista radiofónico, el líder de los socialistas madrilños aseguró que "es en esta Comunidad, con Esperanza Aguirre en el gobierno, cuando comienza la persecución a mujeres que habían interrumpido el embarazo de manera legal".
Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, subrayó que "el Gobierno de Aguirre es el que menos ha hecho en la prevención de embarazos no deseados, ha acabado con los programas de prevención y ha adoptado una actitud hipócrita y cínica poniendo de manifiesto su permanente doble moral".
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