El paro general al que estaban convocados
400.000 funcionarios de la administración de la Comunidad de Madrid (2,5 millones en toda España y 7.321 de ellos trabajando para entidades estatales en la capital) se notó más en la calle por los cortes de tráfico; en incluso en la estación de Atocha, donde una movilización paralela de los conductores del AVE provocó retrasos de más de una hora en los trayectos a Sevilla y Málaga; o cuando
un grupo de bomberos irrumpió en la Bolsa de Madrid a modo de protesta por su situación. De cara al usuario, como pudo comprobar
Madridiario en distintos edificios públicos de la región,
las molestias apenas tuvieron repercusión.
Para los convocantes CCOO, UGT y CSI-CSIF, la jornada suponía ya a las 12 de la mañana, cuando otorgaban una
participación del 70-75%, una motivo de "satisfacción". Los secretarios generales de UGT y CCOO de Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López, admitían en declaraciones a este digital que el
seguimiento era "
desigual" en la Comunidad. A pesar de ello, respaldaban plenamente los datos de sus organizaciones: la huelga era mayoritaria -con un
respaldo del 72% de media- en los tres niveles de la Administración y similar en los hospitales, los centros de salud, los distintos departamentos de servicio al ciudadano, los colegios o la universidad, que había aplazado los exámenes al miércoles como medida preventiva para no perturbar la Selectividad.
Martínez y López subrayaban, eso sí, que la celebración de una
huelga general no dependía del resultado de este 8-J, sino de si el Gobierno sigue adelante con su plan de "recortar derechos a los trabajadores y a los pensionistas, a los que no han provocado esta crisis". Por la tarde, en la manifestación entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, ambos marcharon junto a los líderes nacionales de los sindicatos, unos Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo que exigieron diálogo a Zapatero bajo la lluvia y respaldados por unos
8.000 trabajadores.
El Gobierno respira
Después de recoger sus propias cifras de seguimiento, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respiró aliviado. A media mañana, la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, daba como balance del paro -desde las 0.00 horas- un seguimiento del 15,94%. Por la tarde, la cifra se reducía hasta el
11,85%, coincidiendo mucho más que en otras ocasiones con las que difundían la
Comunidad (8,26%), el
Ayuntamiento de
Madrid (10,24%) y la Federación Española de Municipios y Provincias (10,5%). Según Rumí, el impacto era "limitado". Según el responsable de la Función Pública regional, el consejero Francisco Granados, no hacía falta hacer "un estudio muy exhaustivo" para comprobar que la huelga tenía "
una escasa incidencia".
Antes de que arrancara la marcha por el centro de Madrid el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, y el secretario general de FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, volvían a calificar de "exito" la jornada y advertían al Gobierno que tomara "nota" ante la
amenaza de una huelga general. IU, a través de Cayo Lara, advirtió que respaldará sin titubeos la convocatoria en caso de producirse. Gregorio Gordo, coordinador de la formación en Madrid, aseguró que aun cree en que puede darse una "salida social" a la crisis, mientras que el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, calificó de "
vergüenza" que los sindicatos nos hayan salido a la calle antes "por los trabajadores".
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No(
