El Juzgado de Instrucción número 3 de Fuenlabrada ha archivado la denuncia interpuesta hace un año por algunos trabajadores en relación a una cámara de vigilancia ubicada en el departamento de Recursos Humanos del Consistorio.
En febrero de 2009 UGT denunció el hallazgo casual por parte de una trabajadora municipal de una videocámara camuflada en el detector de incendios del departamento de Recursos Humanos.
Según informó este lunes el Ayuntamiento, la decisión del Juzgado "está basada en un informe del Ministerio Fiscal, que determina que no se han podido acreditar fines ilegítimos en su colocación". La Fiscalía se apoya en la jurisprudencia existente, que explica que "las mesas de los funcionarios no son lugares donde éstos desarrollen su privacidad".
También argumenta la Fiscalía que "hay casos en que los mencionados funcionarios tienen posibilidad de acceder a datos protegidos de terceros, pudiendo surgir un límite por el hecho de proteger el derecho de múltiples ciudadanos", añade el Ayuntamiento fuenlabreño.
Por ello, las mismas fuentes explican que el Ministerio Fiscal ha concluido que no se ha acreditado que la causa de la instalación de la cámara sea otra que "la de investigar la desaparición de documentos o expedientes personales de funcionarios del departamento y en el espacio físico descrito".
El Consistorio siempre ha confiado, añade en un comunicado, en la legalidad de la actuación del jefe de la Policía Local al ordenar la instalación de una cámara en el departamento de personal, ante la petición realizada por el anterior director de recursos humanos al denunciar la desaparición de expedientes de este departamento.
El Ayuntamiento considera que con el sobreseimiento de esta denuncia "se pone coto a las diferentes acusaciones que se han realizado, de las que se ha tratado sacar rédito político por parte del Partido Popular y por parte de otros intereses espurios".
Para el equipo de Gobierno, ésta es "una buena noticia, ya que cierra un proceso abierto de investigación y prueba la legalidad de la actuación, frente a la actitud demagógica, difamatoria y oportunista de los populares que quisieron sacar beneficio político a pesar de que se les explicó la naturaleza y fin de la actuación".
Por último, el Ayuntamiento ha informado de que estudia iniciar acciones judiciales contra los denunciantes en relación a las manifestaciones difamatorias y calumniosas realizadas a lo largo de todo el proceso, y especialmente una vez conocido el auto de sobreseimiento.
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