El Partido Socialista de Madrid (PSM) prestará ayuda a una red de plataformas en favor de las personas susceptibles de recibir las ayudas que concede la Ley de Dependencia a través de un servicio de asistencia jurídica gratuita, que les ayudará a gestionar su acceso a los beneficios que otorga la normativa.
El líder del PSM, Tomás Gómez, se reunió este martes con representantes de 38 plataformas sectoriales constituidas en defensa de los derechos de las personas dependientes, a los que ayudará con el servicio de justicia gratuita que asesorará a aquellos que aún no han sido valorados por los servicios de la Comunidad de Madrid, tramitará los contenciosos en aquellos casos que aun siendo valorados no cuentan con el Programa Individual de Atención (PIA) o exigirá la correspondiente responsabilidad patrimonial al Gobierno regional en el caso de las personas que, tras tener establecido el PIA, no hayan recibido aún ninguna prestación.

Asimismo, ayudará a las plataformas a través de un número de teléfono (900 10 14 71), que funcionará desde el próximo lunes en horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes y de 16.30 a 20.00 horas de lunes a jueves, con el fin de atender las consultas de personas que quieran acceder a la Ley de Dependencia.
En concreto, el teléfono contará con profesionales que analizarán la situación de cada usuario y le orientarán en cuanto a las acciones a llevar a cabo para beneficiarse de esta Ley, así como a qué plataforma dirigirse para agilizar sus gestiones.
"De 200.000 personas que deberían haber sido valoradas en la Comunidad de Madrid solo 26.000 de ellas tienen establecido el PIA pero muchas de ellas aún no reciben su prestación", señaló en rueda de prensa el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que indicó que es "absolutamente inmoral que la Comunidad no solo no ponga en marcha la ley plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo haga a costa de reducir otros servicios fundamentales".
Gómez explicó que hay tres pasos importantes a la hora de ser beneficiario de la Ley de Dependencia. El primero, en el que la Administración tiene que valorar al posible dependiente; el segundo, en el que se le asigna el PIA; y el tercero, que es el acceso a las ayudas económicas o sociales a las que tiene derecho. En este punto, dijo, se ayudará a todas estas personas.
Ciudadanos "de segunda"
Por su parte, la portavoz de las asociaciones, Ana Toledano, reclamó "agilidad" en los trámites para acceder a las ayudas, y abogó por simplificar la ley. "No queremos sentirnos ciudadanos de segunda", exclamó Toledano, que dijo que el colectivo de dependientes no quiere tener la sensación de que son "una carga".
Tras destacar que ella ha tardado casi tres años en recibir las ayudas desde que inició los trámites de solicitud, Toledano consideró que "la Administración debería facilitar mucho más las cosas" para ellos. "No se puede tardar cuatro años en decirte que eres minusválida", exclamó.
"No podemos seguir pidiendo préstamos a Caja Madrid", añadió Toledano, en referencia a que es necesario que los dependientes reciban las ayudas económicas que les otorga la ley para hacer frente a sus gastos. En este punto, dijo que para ellos la Administración es un "monstruo de ocho cabezas" y reclamó facilidades para acceder a los derechos que concede la ley.
Uso "desleal" de la ley
David Pérez, consideró "desleal e irresponsable la utilización política" de la Ley de Dependencia por parte de Tomás Gómez, que "miente al asegurar que en Madrid solo hay 26.000 dependientes reconocidos, cuando son 60.000". A juicio del portavoz popular, también es "falso que haya 200.000 personas con derecho a prestación", por lo que exigió a Gómez "un mínimo de rigor a la hora de tratar un asunto tan serio como la dependencia".
"Tomás Gómez demuestra su falta de escrúpulos a la hora de utilizar algo como la Dependencia para hacer una campaña que, además, puede crear confusión entre los ciudadanos", señaló Pérez, y mostró su extrañeza ante el hecho de que "Gómez ni siquiera se haya molestado en pedir una reunión con la consejera de Familia y Asuntos Sociales para analizar esta campaña, como hubiera exigido la mínima lealtad, sobre todo si había voluntad de colaboración y no sólo de propaganda, algo que es inmoral".