Firmas para no dejar de comerciar en la calle

Durante la jornada del viernes los delegados de los diversos mercadillos de la región (179) se reunieron en Asamblea para decidir qué medidas tomar a partir de este momento, dado que "la Dirección de Comercio está preparando un nuevo reglamento que traerá unas nuevas condiciones para renovar las autorizaciones municipales". Denuncian que estas autorizaciones se darán ahora en función de unos criterios que todavía no se ha dado a conocer a los comerciantes, "pero que hay indicios de que pueden ser diferentes según los diversos ayuntamientos", por lo que decidieron continuar con las movilizaciones.

"Consideramos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, aún tiene la oportunidad de demostrar que respeta a los profesionales de los mercadillos, recogiendo en dicho Reglamento nuestras demandas y no modificando el decreto que regula el sector en estos momentos", apuntan en un comunicado. Desde el colectivo se quejan de que la nueva ley supone la renovación expresa de las autorizaciones en lugar de la renovación tácita (automática) de las mismas, tal y como se estaba haciendo hasta ahora. No obstante, tienen que presentar anualmente toda la documentación que acredite que están cumpliendo con la normativa de aplicación.

Es decir, tienen que mostrar el certificado de estar al corriente de la Seguridad Social y fiscal, el seguro de responsabilidad civil, demostrar que están inscritos en el registro de comerciantes ambulantes de la Dirección de Comercio y que están al corriente del pago de las tasas municipales, altas y contratos de trabajo de los empleados. "Esta es la práctica que los diversos Ayuntamientos de la Comunidad llevan realizando desde hace décadas, la renovación tácita de las autorizaciones, y que está recogida en la redacción del apartado 4 del artículo 9 de la Ley 1/ 1997, que es la que nos regula actualmente, y en el Reglamento que la desarrolla en el apartado 2 del artículo 12 del Decreto 17/ 1998", señalan.

Apuntaron que este es el aspecto principal que viene a modificar el Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras. Temen que después de cinco años, tal y como establece la normativa, no se les renueve. "(La norma) de ninguna manera supone un aumento del tiempo de las autorizaciones sino un límite para las renovaciones", recalcan. Tampoco están de acuerdo con que este tiempo se haya establecido para poder amortizar las inversiones realizadas. "Nos indigna sobremanera porque como ya hemos explicado y demostrado en diversas ocasiones, un vehículo industrial promedio (herramienta principal para ejercer su oficio) se tarda en amortizar unos 10 años", manifiestan.

Además, explicaron que independientemente de que puedan trabajar por las inclemencias del tiempo, hay "numerosos" gastos fijos al margen de la compra del género y de los sueldos propios o ajenos que asciende como media a 1.500 euros mensuales debido a gastos de almacén para el género, garaje para el vehículo comercial, combustible, tasas municipales, seguridad social, tributos fiscales, combustible, mantenimiento del vehículo, o seguro del vehículo o de responsabilidad civil. "Con esta nueva normativa se nos sitúa en un proceso de desprofesionalización, precarización y aumento del paro, y desde luego a años luz de lo que el Ejecutivo regional dice tener como objetivo", critican, al tiempo que destacan que no van a tener un límite "ínfimo" para ejercer su actividad profesional, lo que les va a provocar "una gran inseguridad jurídica".