“Estamos ante una decisión política. No obstante, sí se puede decir que el CGPJ
ve con preocupación la situación de las infraestructuras judiciales en la Comunidad de Madrid”, aseguró Fernando de Rosa, vicepresidente del órgano, hace sólo una semana durante un chat con los compañeros de
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Interrogado sobre si el órgano iba a tomar medidas para evitar esta paralización, el vicepresidente de los jueces aseguró que “haremos, se lo aseguro, todo
lo que esté en nuestras manos para que este proyecto sea una realidad” a fin de que los funcionarios pudieran trabajar en las mejores condiciones posibles. “Este es el compromiso que este Consejo asumió en su toma de posesión”, concluyó. Esta demanda la compartieron tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (
TSJM), Francisco Javier Vieira, como el
Fiscal Superior Manuel Moix en la apertura del año judicial.
¿Puede hacerse?
Pero la intención del CGPJ, con ser noble, es altamente difícil de llevar a término puesto que la decisión de detener las obras en cuanto se acabe la urbanización de la parcela de Valdebebas y se acabe de levantar el edificio del Instituto Anatómico Forense es firme. Así lo certificó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, el pasado 30 de septiembre: “
¿Se paraliza el proyecto? La respuesta es sí […] No podemos mantener el ritmo de inversión necesario y tenemos que destinar los recursos disponibles a las prioridades de los madrileños: la
Sanidad y la
Educación”.
Actualmente, y como quedó de manifiesto durante la huelga de jueces, la gran mayoría de los juzgados madrileños
viven monumentales atascos que rozan, en los casos más graves, el colapso. El Campus de la Justicia y su
decena de edificios proyectos por los más prestigiosos arquitectos mundiales iba a acabar con esa saturación reuniendo en un solo espacio todas las sedes judiciales, pero ahora la Comunidad ha tenido que optar por
agrupaciones parciales como medida transitoria hasta que haya presupuesto suficiente.
El PSOE asegura que este estado “pseudocomatoso” de la Justicia madrileña puede solucionarse con los propios presupuestos de la Comunidad de Madrid. El portavoz de Justicia en la Asamblea,
Javier Gómez, recalca que sólo hay que
reducir partidas innecesarias cada año (entre ellas las de
publicidad y propaganda), para poder sacar adelante paso a paso los edificios del Campus. Mientras, exige al consejero Francisco Granados que presente de forma urgente un plan transitorio para agrupar sedes judiciales y que acompañe la inversión del Estado en modernización de la Justicia con un esfuerzo económico similar. Granados por su parte asegura que nunca ha dejado de invertirse en ello, pero ahora la crisis manda y el Campus
ha dejado de ser una prioridad frente a las necesidades básicas de los ciudadanos.