Este viernes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, compareció ante los medios de comunicación para exponer la memoria de actividad judicial de 2008 en la Comunidad de Madrid, y el resultado no podía ser más preocupante: la región supera por primera vez en su historia el
medio millón de asuntos pendientes (534.824, un 14% más que en 2007), el colapso es generalizado y juzgados como el de lo Social de Móstoles
han visto dispararse un 96% las causas sin revolver. Para dar la vuelta a la tortilla se necesitan al menos
130 plazas de jueces y magistrados y
38 nuevos juzgados.
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El prolijo resumen de datos que ofreció Vieira no deja datos alentadores ni en la ciudad de Madrid ni en el resto de municipios, dado que la litigiosidad (el número de cuestiones que se presentan o se remiten a los juzgados) no deja de multiplicarse. En la capital, los
asuntos penales acumulados crecen un
50% y en
lo Social, especialmente preocupante por cuando allí se resuelven los ingentes conflictos laborales provocados por la crisis económica, se han disparado un
69% los temas atrasados. Todo ello, con el consiguiente agravante para los madrileños, que ven como sus procesos no dejan de dilatarse en el tiempo.
Pocos medios; muchos interinos
Los males que según el presidente del TSJM lastran la Justicia son tres:
falta de informatización y digitalización de los procesos,
falta de medios humanos y materiales y
excesiva judicialización de los asuntos. La
crisis económica ha contribuido a aumentar el caos.
Vieira denuncia que todos y cada uno de los pasos en un juzgado sigue dándose
en papel; que, además de faltar funcionarios, el número de
interinos temporales sigue creciendo hasta alcanzar el 38%, eso cuando están bien formados o cuando el “nefasto” sistema de adjudicación de plazas no les destina a puestos que no son apropiados para ellos; y que es necesario regular estrictamente el hecho de que prácticamente
todo pueda recurrirse y revisarse hasta que los legajos se eternizan. En resumen, una justicia “del siglo XIX” en pleno siglo XXI.
Al presidente del TSJM le consta -y agradece- que tanto el ministro del Interior,
Alejandro Caamaño, como el consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, se hayan tomado en serio las demandas de los jueces y estén respondiendo a ellas -el Estado mediante la reforma de una decena de leyes y la Comunidad poniendo más medios y
buscando soluciones “imaginativas” para reunir las sedes judiciales en un solo espacio, al menos por órdenes-, pero advierte que la calidad y la cantidad de esas aportaciones son insuficientes. Sus reivindicaciones ya las conocen el Estado, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial (máximo órgano de Gobierno de los jueces) y, tras la
huelga del mes de febrero, también los ciudadanos, pero la crisis aprieta las arcas públicas y el dinero, fundamental, no llega.
La situación en la que tienen que trabajar los jueces, como ya comprobó
Madridiario en su visita a dos de las sedes judiciales más grandes de Madrid,
la de Móstoles y la de Fuenlabrada, es mucho más que crítica y susceptible de empeorar. Vieira es optimista pese a todo y, aunque no puede prometer que la situación irá a mejor, cree que las mejoras introducidas comenzarán a dar frutos pronto, pero advierte y reitera que el momento de la gran reforma para conseguir la Justicia del siglo XXI es ahora. Lo contrario sería continuar cavando la fosa de este Poder del Estado.
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