El secretario general del PSM, Tomás Gómez, exigió este lunes a Esperanza Aguirre desde la sede del PSOE nacional en la calle Ferraz que se deshaga del germen de la polémica, es decir, del área que dirige desde julio de 2008 por el ex jefe Superior de Policía de Madrid, Enrique Barón. Esto incluye desmantelar la parte correspondiente de la estructura de la Consejería de Presidencia, que no tiene "ninguna competencia en materia de Interior y por las informaciones aparecidas alberga una presunta red mafiosa de espionaje y corrupción dentro del Gobierno regional de Esperanza Aguirre".
Gómez considera que la presidenta, "que habitualmente tiene mucha locuacidad y ha dado una rueda de prensa recién bajada de un avión" -el ataque terrorista en Bombay-, no ha dado explicaciones satisfactorias y no lo hará mientras no se cree una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. En ella, instará a desvelar las funciones, retribuciones "salariales y no salariales" y los contratos de los escoltas contratados. "No me planteo que el PP vete su creación si el propio PP nacional está investigando a los populares de Madrid", recalcó Gómez, que anunció una "respuesta socialista contundente" si el Ejecutivo regional no permite aclarar todos los detalles de la presunta trama. Por el momento, Francisco Granados comparecerá el viernes en la Asamblea para detallar qué funciones realiza su consejería.
"Descomposición" del PP
Tomás Gómez descarta que Caja Madrid haya sido el detonante o el origen del supuesto servicio de espionaje, ya que, según parece, los seguimientos comenzaron antes de la actual polémica. En cambio, si asegura que la "grave descomposición interna" del PP y la "lucha a muerte por la ambición personal" de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón está provocando "espectáculos lamentables" como éste, mientras problemas de los ciudadanos como la calidad de la educación y la sanidad o el crecimiento del paro no son atendidos.
Ni dimisiones ni ceses
Para el PSM el Gobierno de la Comunidad es sospechoso del supuesto espionaje a cargos públicos (Ignacio González, Manuel Cobo, Alfredo Prada) a la luz de lo publicado y mientras no se aclaren todos los hechos. Esta postura en cambio es inadmisible para el Ejecutivo, que considera que no tiene que defender su inocencia sino que son quienes les acusan quienes deben presentar pruebas de su posible culpabilidad. Por ello se ha desafiado al diario 'El País' -que denunció la supuesta trama- a acudir a los tribunales con pruebas y por eso mismo Francisco Granados no se plantea dimitir ni Esperanza Aguirre relevarle de sus responsabilidades, según confirmaron a Madridiario fuentes del Ejecutivo regional.