A pesar de que el relato oficial vincula el cese de Emilio Viciana como titular de Educación, Ciencia y Universidades a una suerte de "impulso" que permita desbloquear, de una vez por todas, la futura Ley de Universidades, la LESUC, desde la principal fuerza de la oposición, Más Madrid, defienden una teoría totalmente diferente.
Y es que, al menos a juicio de su portavoz parlamentaria, Manuela Bergerot, esta salida se debe, en realidad, al caso de fraccionamiento de contratos para la construcción de centros de Formación Profesional, denunciado por el propio Viciana en los primeros compases de la legislatura y que "afecta al señor -Enrique- Ossorio", actual presidente de la Asamblea y, antaño, consejero de Educación, "y a la señora -Rocío- Albert", la máxima responsable en Economía, Hacienda y Empleo y que en el momento de los supuestos troceamientos se desempeñaba como viceconsejera de FP.
Es, asegura la propia Bergerot, "la línea roja del Clan Ayuso" la que habría terminado por costar el cargo al ya exconsejero. "Usted lo ha cesado por denunciar el caso FP, por denunciar cómo se repartían el dinero en las obras ilegales. Sí, a Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción del entorno de Ayuso", ha expuesto. Y apostilla: "¿Qué esconde -este cese-? ¿De qué nos vamos a enteraren los próximos meses?".
"¿Qué esconden? ¿De qué nos vamos a enterar en los próximos años?"
"Viciana ha sido ceso por su incapacidad para enfrentar la Ley de Universidades, pero también por denunciar el Caso FP, una red de corrupción político empresarial para adjudicar contratos de obras a empresarios amigos saltándose las leyes de contratación", ha sentenciado a renglón seguido.
En el origen del caso, al menos según lo expuesto por CCOO, el "fraccionamiento de pagos" mediante "importes máximos de 40.000 euros", pese a tratarse, en suma, de "cantidades millonarias" a fin de "eludir el sistema abierto de concurrencia" recogido en la Ley de Contratos.
Desarrollo de la investigación
En abril de 2024 fue la propia Comunidad de Madrid quien denunció ante la Fiscalía presuntas acciones delictivas en la contratación de obras de reforma en Ciudad Escolar, en la que podrían estar implicados varios funcionarios públicos, entre ellos el anterior subdirector general de Formación Profesional, Alfonso Mateos, que fue asimismo cesado en febrero del año anterior.
En concreto, como ya se ha apuntado, fue la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de Emilio Viciana la que solicitó entonces a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara la comisión de este presunto delito relacionado con la contratación de unas obras de reforma en el citado complejo educativo, ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital.
Desde el Partido Socialista reconocen la labor de la consejería, no son sin antes situar en el origen de la denuncia una inspección que, en síntesis, obligó al Ejecutivo a acudir ante la Jusitica: "No les quedó otra. De no haberlo hecho, el hoy exconsejero podría incluso estar en la cárcel".
Fuera como fuese, un año después, en marzo de 2025, dos directores de los centros educativos de Formación Profesional señalados y el mismo exsubdirector general de FP pondrían en el punto de mira del juez altos cargos de la Consejería durante su declaración.
María Eugenia Alcántara Miralles, abogada del sindicato Comisiones Obreras, organización también personada en la causa, explicó que los directores afirmaron no poseer la competencia "ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras. Simplemente recibían unos conceptos que les obligaban a gastar un dinero ingresado en la cuenta del instituto, y su labor consistía en llevar a cabo esas órdenes que les eran enviadas".
Hasta la fecha, la investigación continúa en marcha.
Si (
No(
