El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este viernes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2023, y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.
Gabilondo ha señalado, en la comparecencia ante los medios de comunicación, que “los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías”.
Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2023 tuvieron que ver, entre otros, con la administración de la Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.
En 2023, el Defensor del Pueblo tramitó 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022. Recibió 34.926 quejas -3.849 más que en 2022-, 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional -sobre 8 leyes y decretos estatales y 7 leyes y decretos autonómicos- e inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones -38 más que en 2022-. Además, la institución atendió personalmente a 37.752 ciudadanos: 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.
Estos expedientes dieron lugar a la tramitación de 2.366 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones -estatales, autonómicas y locales-. De ellas, 668 fueron recomendaciones, 987 fueron sugerencias, 708 fueron recordatorios de deberes legales y 3 fueron advertencias.
Según el Defensor del Pueblo, “el presente Informe no busca simplemente subrayar coeficientes antes las Cortes Generales un mero retrato o panorama de la situación en relación con los derechos. Pretende ofrecer, a modo de resoluciones, sugerencias o propuestas de modificación legal, elementos para la toma de decisiones".
Sanidad y transportes, entre los asuntos relativos a Madrid
Entre los ámbitos en los que se han centrado las quejas de los ciudadanos madrileños, el Defensor del Pueblo ha advertido a la Comunidad de Madrid que el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias, con la sustitución de los antiguos Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) o los Servicios de Atención Rural (SAR) por Centros de Atención Continuada (PAC) con continuidad de cuidados únicamente de Enfermería, merma "el principio de proximidad". "Además, la derivación al hospital más próximo a los usuarios afectados por patologías de menor complejidad, pero que precisan atención facultativa, no alivia la carga asistencial crónica en las urgencias hospitalarias", explica.
El Defensor del Pueblo ha pedido nuevamente en su informe anual que cada Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) cuente con la creación de un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, una cuestión que ha denunciado está "pendiente" desde 2014. "Diez años después, dicha figura solo existe en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid", asegura.
Sobre las sedes judiciales, Gabilondo constata la "excesiva carga de trabajo como causa de los retrasos judiciales" en algunos juzgados de la demarcación de la Comunidad de Madrid, citando especialmente el caso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arganda del Rey (Madrid) o, en lo social, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid.
En su memoria anual también denuncia las trabas de la Comunidad de Madrid para acceder a información relativa a la situación que viven los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, ya que se le han facilitado "informes parciales" y se le ha dificultado "el acceso a documentos reiteradamente solicitados".
El Defensor del Pueblo advirtió también en 2023 a seis localidades madrileñas por no haber iniciado los trámites para la implantación de zonas de bajas emisiones de especial protección (ZBE) o haber sido paralizada o revertida, según figura en su informe anual de actividad. En concreto, se trata de los ayuntamientos de Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro, que no habían iniciado los trámites para su declaración en otoño de 2023, y de Majadahonda, donde la implantación ha sido paralizada o revertida.
En cuanto a las reclamaciones de los viajeros de Cercanías sobre las deficiencias del servicio, la oficina del Defensor del Pueblo comparte la respuesta recibida de Renfe en la que argumenta que "el gran volumen de movimientos, unido a las obras de infraestructuras" ha generado incidencias en la red de Cercanías de Madrid que consideraba "inevitables", con 1.436 trenes en circulación al día que transportan de media 700.000 viajeros diarios.
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