Madrid expulsa a los musulmanes al morir: el periplo tras ocho meses sin entierros islámicos

En terrritorio madrileño residen más de 300.000 musulmanes. Solo en la capital, más de 100.000 habitantes profesan esta fe. Las matemáticas aplicadas a la tasa de defunción arrojan una cifra de 1.500 personas fallecidas al año que deben ser enterradas en la Comunidad conforme a los preceptos del Islam. Almas que, sin embargo, son privadas de su derecho a ser inhumadas en un cementerio orientado a La Meca. El único que respeta este requisito en la región, el de Griñón, colmató a finales de 2022. Sin alternativas cercanas, la comunidad islámica se ve empujada a dar sepultura a sus muertos en otras autonomías e incluso a repatriar los cuerpos a países que no sienten como su patria. El movimiento 'Por un entierro digno' ha pedido amparo al Defensor del Pueblo, registrando este lunes 500 firmas para que se desbloquee la solución más viable: cumplir el mandato del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y adecuar una parcela en el camposanto de Carabanchel Sur donde poder cumplir su rito.

El dictador Francisco Franco ordenó construir un cementerio militar en Griñón para enterrar allí a su Guardia Mora. Con posterioridad, este emplazamiento serviría para las inhumaciones de la población musulmana madrileña hasta alcanzar su capacidad máxima en octubre del año pasado. Desde junio de 2022 encontrar espacio para una tumba ya se antojaba complejo, pero las administraciones obviaron el problema. "Además de con el dolor del fallecimiento, las familias tienen que lidiar con la incertidumbre de no saber dónde enterrar mientras su familiar se encuentra en una nevera a la espera de que haya una exhumación que puede tardar una semana o quince días", expone Sara, una de las firmantes de la queja presentada ante el órgano que preside Ángel Gabilondo.

El culto musulmán dicta que las tumbas miren a La Meca y que el difunto sea amortajado en paños blancos, enterrado recostado de un lado y sin ataúd, con el cuerpo pegado a la tierra. Directrices que solo se respetan en apenas 30 camposantos en toda España, pese a que el país se divide en 8.131 municipios. Solo en la ciudad de Madrid se localizan 14 necrópolisis, ninguna acondicionada al rito islámico. En Chiva, Valencia, se ubica el Cementerio Musulmán Al Salam -privado-, el que menos trabas interpone para recibir fallecidos procedentes de otras latitudes. Y es que, según explica Gulam Akbarov, representante de la asociación cultural islámica Alulbeyt, algunas localidades "no permiten inhumaciones si no estás empadronado allí o en la misma comunidad".

El drama de la repatriación

Así, musulmanes madrileños de cuna o de adopción terminan reposando en Burgos, Valladolid, Córdoba o Zaragoza. Otros optan por la repatriación, una elección que no se ajusta a los deseos ni a los bolsillos de muchos. "Es mucho papeleo y muy costoso. No todo el mundo tiene la posibilidad y, además, hay otro problema: se tarda mucho", apunta sobre el proceso Akbarov, que ha conocido casos "en los que los familiares han esperado hasta un mes". "Es una falta de respeto al muerto y a su familia", denuncia. A los farragosos trámites se suma también la falta de arraigo con la tierra de destino. Sus hijos han nacido, se han formado y "seguirán con sus vidas" en España". "¿Qué van a hacer en mi país, Azerbaiyán, que para ellos es ajeno?, plantea.

Una realidad a la que se añade la soledad a la que se somete a los fallecidos. "Gente como yo, que vine hace muchos años, prácticamente no tenemos familiares directos allí que se puedan encargar", traslada. Se detiene en el mismo inconveniente Sara, quien lamenta que "a muchos repatriados su familia no podrá ir a verlos cuando tienen ese derecho". Por no hablar de los españoles que han adoptado el Islam como su credo. "Los que somos españoles de toda la vida no tenemos otro país, no tenemos un plan b donde enterrarnos. Somos ciudadanos de segunda solo porque hemos elegido una religión que no es la dominante", afea Paloma, que apoyó el movimiento 'Por un entierro digno' en la sede del Defensor del Pueblo.

La cabeza visible del movimiento, la concejala en funciones de Más Madrid Maysoun Douas, advierte de que "se está intentando extranjerizar una confesión y nos estamos equivocando porque el Islam no es nuevo ni ajeno a nuestra identidad como españoles". Ante tales agravios, la comunidad musulmana califica su situación de "angustiosa y lamentable" en el escrito que han remitido a Ángel Gabilondo. "Las administraciones competentes están infringiendo reiteradamente un derecho básico de una gran población", reza el texto, que recoge una petición expresa: "Que se habilite de forma urgente el cementerio de Carabanchel para que los musulmanes gocen del derecho a un enterramiento digno y en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos".

Falta de voluntad política

Douas acusa al Gobierno municipal que preside José Luis Martínez-Almeida de "falta de voluntad política" para resolver el asunto y lo insta a abordar este "reto" de forma urgente en su segundo mandato, que comienza este mismo sábado. En 2006, con Alberto Ruiz Gallardón en la Alcaldía, se produjo un "avance de convenio" con la comunidad islámica de Madrid para crear un cementerio acondicionado a su fe. "Tenían dimensionado el servicio, pero decidieron no seguir", reprueba. El Gobierno de Manuela Carmena rescató esta idea, pero no llegó a ejecutarla y ya en 2022 el PSOE elevó al Pleno una proposición para destinar un terreno de 10.000 metros cuadrados de la necrópolis de Carabanchel a las inhumaciones musulmanas. La iniciativa se aprobó con los votos favorables de los socialistas, de Más Madrid y del Grupo Mixto, las abstenciones de PP y Ciudadanos y la negativa de Vox. Desde entonces, no se ha movido una sola piedra.

"Nos está faltando que el Ayuntamiento empiece a urbanizar esa parcela", se queja la primera y única concejala musulmana del Ayuntamiento de Madrid. Desde el área de Seguridad y Emergencias, de la que depende la Empresa Municipal de Servicios Funerarios que debe acometer la obra, remiten a esta compañía pública para explicar su inacción. Fuentes de la Funeraria Municipal (SFM) trasladan a Madridiario que llevan "varios años en conversaciones" con la Comisión Islámica de España para "analizar y enfocar el proyecto". "Es necesario, para dimensionarlo, disponer de una estimación razonable de los servicios que se prestarían", manifestó hace un año el gerente, Fernando Sánchez.

Desde la Funeraria Municipal recuerdan que sí gestionan los traslados del cadáver a la Mezquita de la M-30 y desde allí al cementerio, aunque se encuentre en otra comunidad autónoma o fuera del país. Su gerente agrega, sin embargo, que en los últimos años han recibido "escasas solicitudes para prestar sus servicios a miembros de la comunidad musulmana". Maysoun Douas lo interpreta como una excusa al entender que "es una prestación que se tiene que dar sin esperar a que nadie lo pida". Asimismo, remarca que otro de los pretextos que "nos han venido dando", que los interesados "no estaban por pagar estos servicios", "se han demostrado falsos porque todo el mundo tiene que gestionar este momento y lo que hacen es precarizar el acceso a una muerte digna" Por su parte, desde la Empresa Municipal de Servicios Funerarios aseguran que las líneas de interlocución con la comunidad islámica "siguen abiertas", aunque no precisan en qué punto se encuentran las conversaciones para acondicionar el Cementerio de Carabanchel.

El movimiento 'Por un entierro digno' se opone a la única alternativa sobre la mesa: la ampliación del camposanto de Griñón. Esta operación implicaría derribar la mezquita existente, una de las tres únicas con minarete en Madrid, a fin de liberar suelo para 130 nichos. "Estamos hablando de un lugar de culto, que hace las veces de tanatorio", argumentan. Por ahora, tampoco parece prosperar una tercera vía que comenzó a perfilarse hace algunos años. "En 2019 se habló de habilitar un terreno en Parla y se ha vuelto a repetir en las elecciones de 2023, pero no vemos avances tangibles", sostiene la concejala en funciones de Más Madrid, que no mantendrá su acta en la próxima legislatura. "No entedemos por qué se nos está discriminando ante una necesidad vital, que no responde a ideologías porque la muerte no espera a nadie", concluye la edil mientras espera el amparo del Defensor del Pueblo.