La derecha política española, y especialmente la madrileña, han determinado hacer de la polarización y la crispación su estrategia ante la pandemia que está sembrando el mundo de muerte, mayormente entre quienes más riesgos padecen. En la Comunidad de Madrid las cifras de muertes conocidas en las residencias de mayores hablan por sí solas.
Esta permanente agitación también implica que quede relegado a un segundo plano lo que debería ser la bandera de este complicado camino. Esta semana se llevaba a cabo la firma entre el Gobierno de España, los sindicatos CCOO y UGT, así como las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, del “Acuerdo social en defensa del empleo”. Un pacto que tanto por su fondo como por su talante debería ser emulado por los partidos políticos.
Los agentes sociales vivimos a pie de obra la dura realidad en todos los sectores de actividad. Por ello somos conscientes de la necesidad de un consenso que nos encamine a la cooperación, al acuerdo y al pacto en el que todos aportamos y todos cedemos. El objetivo es tan claro como complejo: proteger los derechos de la clase trabajadora.
La gestión de la crisis con base social debe ser el núcleo de la solución de los problemas. Con este acuerdo hemos conseguido asegurar los ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo Temporales) por fuerza mayor hasta el 30 de junio, momento en el que se desvincularían del “estado de alarma”, y más allá de esa fecha en aquellos sectores especialmente afectados.
La intención también es que se conforme una comisión tripartita entre los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresariales (CEOE, CEPYME) durante el tiempo que sea necesario para evaluar la situación y adoptar medidas.
El documento acordado prolonga la exoneración de las cotizaciones empresariales pero con unas condiciones muy importantes. Por una parte, las empresas que se acojan a estas ayudas no pueden tener domicilios fiscales en paraísos fiscales; por otra, no podrán repartir dividendos entre sus accionistas durante este ejercicio fiscal.
Es decir, un claro dique de contención frente a la golfería y a los caraduras que beneficia a toda la sociedad, empezando por esos empresarios que sí defienden un proyecto empresarial con futuro. Es este también el momento del que debería ser el nuevo empresariado, con empresas democratizadas, abiertas, que aporten beneficio a la sociedad.
Sin duda, el esfuerzo realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está siendo enorme. El 31 por ciento de la población española se encuentra protegida por las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno. En solamente mes y medio, más de siete millones de autónomos, empresarios o trabajadores están recibiendo alguna de las ayudas impulsados por el Estado o están en vías de tenerlas.
En expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Gobierno ha destinado ya más de 17.000 millones de euros; 3.000 millones en ayudas a autónomos; 1.300 millones en bajas por enfermedad; tres millones en el paro a empleadas de hogar y 54 millones más en el desempleo de fijos discontinuos. La factura de empleo asciende así a 23.000 millones de euros, el doble de lo que gastaba el Estado en esta misma partida.
Si la situación es histórica, no lo es menos la diligencia del Ministerio de Trabajo y sus trabajadores, que están pagando en tiempo récord a la mayoría de las personas que lo requieren. Una situación que en la Comunidad de Madrid afectaba al cierre de marzo a más de 400.000 personas en ERTE y ahora puede superar el medio millón.
Cabe señalar el esfuerzo de los responsables de este Ministerio de Trabajo que se encontraron con unos servicios públicos de empleo con plantillas recortadas y recursos mínimos que gestionaban unos escasos miles de ERTE y tardaban hasta tres meses en cobrar la prestación los trabajadores afectados. No obstante, se están produciendo retrasos por diversas razones, no siempre achacables al SEPE, que se deben subsanar con urgencia para que todas las personas en ERTE puedan tener el ingreso.
Madrid está teniendo un comportamiento muy similar. Si en la región, la pérdida de afiliación a la Seguridad Social ha sido del 4,1 por ciento en el conjunto de España ha sido del 4,3 por ciento.
Sí ha habido un peor comportamiento en cuanto a pérdida de afiliación en el Régimen de Autónomos, que en el Estado ha perdido un 1,1 por ciento de afiliación y en Madrid un 1,6 por ciento, ya que la incidencia no ha sido igual en todos los regímenes. En lo que se refiere al Régimen General, Madrid pierde un 4,5 por ciento de afiliación (127.712 afiliados) frente al conjunto del Estado que pierde un 5 por ciento (796.670). Si no fuera por los acuerdos de Diálogo Social que han hecho posible abordar la crisis con la suspensión de empleo y no despidos, si se hubiera seguido lo que se se hizo en la crisis de 2008, hoy en la región sufriríamos unas cifras de paro de un millón de personas. Y es que las últimas cifras de desempleo nos dicen que nueve de cada diez afectados están en ERTE.
Conseguir que estas suspensiones de hoy no se conviertan en extinciones, que estos ERTE no terminen en ERE, dependerá de las políticas seguras de reactivación y de los planes de reconstrucción que con el apoyo y la cooperación de toda la sociedad madrileña se pongan en marcha.
El problema de nuestra Comunidad es que desde el Gobierno regional no se actúa como en el Gobierno de España, ni siquiera como en el del Ayuntamiento de Madrid. La altura de miras está ausente en la Presidencia de la región, que vive en permanente estado de escándalos, más preocupada por sus cuentas de Twitter e Instagram y de acudir de plató en plató de televisión.
Sólo razones muy espurias hacen que no se aborde el camino del consenso, el acuerdo y el pacto.
Si (
No(
