Hay debates que el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere presentar como meros tecnicismos burocráticos para anestesiar a la opinión pública. Sin embargo, cuando se rasca la superficie, siempre sale la misma verdad incómoda: la Comunidad de Madrid es un problema para el sanchismo porque simboliza todo lo que su proyecto de poder quiere desmontar y, a la vez, tener.
De las 7.600 plazas de habilitados nacionales en todo el territorio nacional, el 50% de ellas están vacantes, algo inédito en cualquier otro cuerpo de la Administración. Y en la Comunidad de Madrid el 45% de los puestos están sin ocupar, por lo que las nueve plazas ofertadas por el señor Óscar Paradores destrozados es una cifra pírrica.
No se trata solo de que falten recursos o personal especializado en decenas de ayuntamientos madrileños. Se trata de algo mucho más profundo y peligroso: la renuncia deliberada a garantizar la igualdad entre municipios, la seguridad jurídica y la eficacia de la inversión pública.
Denunciamos que, mientras nuestros ayuntamientos ven bloqueados proyectos y trámites básicos por la falta de habilitados nacionales, el Gobierno de Sánchez premia a los separatistas con concesiones impensables hace solo unos años. La lógica es tan simple como inquietante: debilitar los contrapesos para que quienes siempre han soñado con convertir las instituciones en cortijos sin control ni ley lo tengan más fácil. “Ho tornarem a fer”.
Esto no es un fallo de gestión, es una estrategia. Cada profesional independiente que molesta es una amenaza para el plan de convertir España en un mosaico federal de privilegios y desigualdad controlado desde Moncloa a golpe de chantaje parlamentario.
Los jueces, fiscales, periodistas incómodos, policías y guardias civiles que ejercen su labor de manera valiente estorban cuando el objetivo es desmontar la Constitución pieza a pieza. Ante eso, nos plantamos. Lo hacemos con la legitimidad de quien paga sus facturas, garantiza servicios y cumple la ley. Y eso duele. Por eso se nos castiga sin medios y sin respaldo, mientras se regala capacidad de fiscalización a quienes abiertamente desprecian el marco constitucional que nos dimos en 1978.
Mientras tanto, la izquierda intenta revestir esta claudicación de progresismo, cuando no es más que cobardía frente a quienes odian la idea misma de España como nación de ciudadanos libres e iguales.
Por mucho que lo intenten, la ley, el orden y la España constitucional siguen siendo más grandes que sus pactos vergonzantes. Y Madrid seguirá recordándoselo cada día con la responsabilidad de ser una Comunidad incómoda, rompeolas de todas las Españas y dique de contención del plan macabro de Sánchez.
No hay mayor honor.
Si (
No(
