La Guardia Civil ha desmantelado una red de desguaces con actividad en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en colaboración con un centro de la Comunidad de Madrid. La organización falsificaba certificados medioabientales para ocultar la gestión irregular de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a una empresa de transporte.

La operación, denominada 'DILANIO', se ha saldado con la clausura de tres instalaciones clandestinas y con la investigación de ocho personas físicas y tres personas jurídicas por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental, según ha informado Guardia Civil.

Las pesquisas apuntan a que más de 10.000 vehículos habrían sido manipulados de forma irregular en los últimos cuatro años, lo que habría generado unas emisiones equivalentes a 1.500 toneladas de dióxido de carbono.

Origen de la investigación

La investigación se inició tras la detección, por parte del Seprona de Las Palmas, de una instalación no autorizada dedicada a la gestión ilícita de residuos en suelo rústico protegido. En el lugar se localizaron 44 vehículos de gran tonelaje, completos o parcialmente desguazados, procedentes de centros legalmente constituidos con los que se mantenían acuerdos comerciales.

Aunque los trámites de baja se realizaban formalmente a través de desguaces autorizados, este procedimiento ocultaba el origen irregular de los vehículos y su tratamiento fuera de los cauces legales. Los agentes comprobaron además que una empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos de gran tamaño a un desguace de Madrid para su baja y tratamiento ambiental.

No obstante, estos vehículos eran revendidos posteriormente como chatarra, obteniendo beneficios económicos y siendo desviados a otros desguaces de la provincia de Las Palmas, donde se elaboraba documentación falsa para encubrir el rastro.

Como resultado de la investigación ya se han clausurado dos desguaces clandestinos y un tercero se encuentra en proceso de cierre, todos ellos ubicados en terrenos rústicos protegidos que superaban los 40.000 metros cuadrados de superficie.

El Seprona ha constatado que estas prácticas provocaban la liberación incontrolada de gases fluorados a la atmósfera durante el desmantelamiento de los vehículos, al carecer de medidas técnicas adecuadas.