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OPINIÓN

'El Gobierno contra la industria', por Joaquín Galván

Por Joaquín Galván Vallina
jueves 20 de enero de 2022, 13:28h

¿Hasta qué punto la gestión de un gobierno es determinante en el devenir de la economía de un país? Es frecuente que los gobiernos presuman de gestión y “saquen pecho” cuando los datos económicos resultan favorables, y que busquen variadas excusas (problemas importados del exterior, herencia recibida, dificultades en comunicar su buena gestión, falta de ayuda, datos imprecisos, etc.) cuando los resultados económicos son desfavorables. Parece que los gobiernos fueran los principales actores en el campo de la economía.

En realidad, los gobiernos no generan riqueza por sí solos ni crean empleo. La riqueza y el empleo los generan las empresas y los individuos que desarrollan actividades emprendedoras. La función del Gobierno en este sentido es crear el marco adecuado para permitir desarrollo libre de la economía que permita generar riqueza y empleo. No obstante, la actuación del Gobierno, cuando no va en el sentido adecuado puede perjudicar considerablemente a estos últimos.

A nivel empresarial y de sectores económicos, ¿pueden los políticos o los funcionarios decir a los empresarios de la agricultura, automoción, líneas aéreas, hoteles, informática, y todas las actividades que podamos encontrar, cómo y qué producir para ganar dinero? La respuesta evidente es que no, porque cualquier empresa que conozcamos y que sea capaz de sobrevivir en la competencia de su sector tiene una complejidad de funcionamiento, un saber hacer y una estrategia propia que sólo la conoce suficientemente bien quien está en el negocio. Los políticos, los gobernantes y los funcionarios no saben de aquello que no es su trabajo, y están asentados en una actividad en que reciben su sueldo regularmente, mientras que el empresario que se equivoca pierde dinero o quiebra.

La intromisión de los gobiernos en el mundo empresarial ha llevado casi siempre al fracaso. Por ello, se ha cuestionado muchas veces la misma existencia de un ministerio de industria. Realmente, la función de los gobiernos es crear el marco normativo y de confianza adecuado en la economía para favorecer su desarrollo. Como hemos visto, las que hacen crecer la economía y generan empleo son las empresas en todas sus variedades, porque se arriesgan y saben cómo hacerlo -las que sobreviven-; no los burócratas ni los políticos.

Se supone que el marco normativo debe favorecer el desarrollo de los distintos sectores de la economía, y las señales que da el Gobierno con sus declaraciones deben también favorecer al mejor funcionamiento de las empresas.

Las señales que viene dando el Gobierno con las declaraciones de sus responsables vienen siendo preocupantes desde hace mucho tiempo, en cuanto al apoyo que deben recibir los sectores que han de llevar hacia la recuperación económica. Sin ánimo de ser exhaustivo:

  1. a) Ya en julio de 2018, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró en el Congreso que "el diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida". Esa señal inequívoca de guerra al diésel dio lugar a una situación de incertidumbre que condicionó la elección de compra de los consumidores, retrayendo las compras de los automóviles diésel (con los que estaban tan contentos), no cambiando de vehículo o replanteándose otro tipo (frecuentemente, con serias dudas). Todo esto, pandemia y crisis de microchips de por medio.

El resultado es, según datos tomados de la DGT, que las matriculaciones de vehículos en 2021 alcanzan las 859.477 unidades: un exiguo 0,97% más que los 851.210 matriculados en 2020 y un 32% inferior a los 1.258.251 de 2019. La venta de vehículos de gasóleo, por su parte, se quedó en un 19,91% del total en 2021, frente al 27,9% de 2019. La esperada subida del IVA para vehículos diésel, sin embargo, se ha aplazado ante la subida meteórica de los precios de los combustibles fósiles.

España es el octavo país del mundo en fabricación de coches, y la fabricación de vehículos y componentes (además de las actividades anejas, como comercialización, seguros, etc.) hacen que la participación del automóvil en el PIB español ascienda a un 10%. Por otro lado, según un estudio de la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (CLEPA), la eliminación de los motores térmicos costará en Europa medio millón de empleos. Suficientes problemas tiene el sector como para acelerar atropelladamente el proceso de transición.

  1. b) En mayo de 2020 El ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificó en una comparecencia en el Congreso de los Diputados al turismo como actividad “de bajo valor añadido” y “precaria y estacional”. Parece que con estas declaraciones el mensaje era que daba por perdido un sector señero que nos ha salvado en las variadas crisis, que ha luchado con éxito para reducir la estacionalidad (aunque haya quien cierre estaciones de esquí) y que genera 2,6 millones de empleos. El sector turístico en España tiene las ventajas competitivas que nos ha regalado la naturaleza -como sol y playa- que no hay que desdeñar, y que no tenemos en sectores de alto valor añadido, como la alta tecnología. Es un sector competitivo, ya que España -según la Organización Mundial del Turismo (OMT)- es el segundo país del mundo por número de turistas y representa casi el 13% del PIB. La señal transmitida en estas declaraciones no iba en el sentido de apoyar a este sector -lo que parece que se ha verificado durante la pandemia- y resultó perniciosa para el mismo, así como hiriente para las personas que allí desarrollan su actividad laboral.
  2. c) El ministro de consumo, posteriormente, fue contra las eléctricas (que vienen a representar el 2% del PIB español), achacándoles la subida del recibo de la luz, y contra las bebidas azucaradas, con la excusa de “acabar con la obesidad infantil”; junto a esto, ponía en marcha una campaña publicitaria con el eslogan “el azúcar mata”. Hace un año, se aprobaba la subida del IVA de las bebidas azucaradas o edulcorantes añadidos del 10% al 21%.
  3. d) Del mismo modo, acometió contra las casas de apuestas y la comida rápida, intentando subirles el IVA; y el pasado mes de diciembre -con la vista puesta en las navidades- puso en marcha la campaña denominada “huelga de juguetes”, con la finalidad de “acabar con el sexismo”. Hay que resaltar que sólo la industria alimentaria representa el 3,69 % del PIB de nuestro país.
  4. e) Según el diario británico The Guardian, en una entrevista publicada en el mismo:

Alberto Garzón, ministro de Consumo, defendió el pastoreo tradicional "como medio de ganadería ambientalmente sostenible".

"Eso es sostenible; lo que no es del todo sostenible son estas llamadas megagranjas", dijo. "Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".

El mensaje de estas declaraciones en el Reino Unido deja pocas dudas: en España se produce en las megagranjas carne de mala calidad que se exporta; el consumidor del Reino Unido interpretará esto y no se pondrá, mientras hace la compra, a averiguar si es en una megagranja o no. En cualquier caso, el Gobierno, y en especial el ministro de consumo, tienen la obligación de reglamentar las condiciones de higiene, salubridad y trato animal de las explotaciones ganaderas, y supervisarlas. Si no es así, actuar en consecuencia en España; no denunciarlo en el extranjero. Tampoco se plantea la sostenibilidad económica de las explotaciones pequeñas, especialmente en un marco de competencia internacional. Por otro lado, el sector ganadero en España supone un 2,32% del PIB.

De cualquier manera, estas sucesivas declaraciones son mensajes emitidos por miembros del Gobierno en línea con las medidas previstas y manifestadas abiertamente por el Ejecutivo; no es que los ministros hayan tenido un mal día (o varios). El efecto de estos mensajes es que los particulares y las empresas pongan en marcha los mecanismos de expectativas racionales para reaccionar con arreglo a las actuaciones previstas del Gobierno.

Nos encontramos con ataques a distintos sectores económicos. Por lo pronto, los más relevantes, la automoción, el turismo, la ganadería, la electricidad y la industria alimentaria vienen a representar un 31% del PIB español (nada menos).

Las medidas anunciadas son claramente intervencionistas. No se busca que los consumidores, con su capacidad de elección, decidan qué comer, qué coche comprar o dónde veranear, sino imponer patrones de comportamiento. Se trata de que el Estado decida por encima del mercado (que somos nosotros) cosas como que se reduzca el peso del sector turístico, que se consuma menos carne o menos azúcar, o el tipo de vehículo que se pueda adquirir. Son medidas en contra de los sectores más relevantes para reducir el consumo; principalmente a través de impuestos, cómo no (lo más importante para los gobernantes es alimentar las arcas del Estado).

Todo para reeducar, de forma paternalista, en hábitos e ideología a unos ciudadanos que van a consumir menos, y van a tener menos. Esto es inevitable, porque el Gobierno está atacando a las empresas, que son las que crean riqueza y generan empleo. Cuando los gobiernos dirigen las economías de los países en contra del mercado los llevan al empobrecimiento. Se está jugando con las cosas de comer, y con las cosas de comer no se juega.

Joaquín Galván Vallina

Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Profesor de la Universidad Europea de Madrid

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