Una vieja reivindicación que regresa, una vez más, a la palestra política y mediática. Coordinadas a través de la Plataforma 'Comedor Universal por Derecho', las familias madrileñas dan este mismo sábado, 21 de marzo, el pistoletazo de salida a la elaboración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a, tras una potencial aprobación desde la Asamblea de Vallecas, garantizar el servicio de comedor "saludable, universal y gratuito" para todos los alumnos hasta los 16 años de edad escolarizados en centros de titularidad pública.
El proceso, largo y lleno de obstáculos, fundamentalmente fruto de la oposición -o, cuanto menos, la escasa permeabilidad- del Ejecutivo Popular encabezado por Isabel Díaz Ayuso, arranca de la mano de una "jornada de trabajo" que aspira a sentar las bases de la futura ILP. Se trata, en la práctica, de recoger las aportaciones de cerca de un centenar de asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPAs) y, con ellas, esbozar un primer borrador.
"Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a alimentos a todas las infancias, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, el Consejo de Europa, aprobó en junio de 2021 la Garantía Infantil Europea (GIE) que busca prevenir y combatir la pobreza infantil y compromete a los estados miembros a garantizar a toda la infancia en situación de vulnerabilidad el acceso a servicios clave como es un comedor escolar saludable y gratuito. Lamentablemente, España es uno de los estados miembros que ha asumido el compromiso de la GI, pero aún está lejos de garantizar el acceso a un comedor escolar gratuito para todas las infancias y jóvenes en riesgo de pobreza", argumenta el portavoz de la plataforma impulsora, Roberto Borda, en declaraciones remitidas a Madridiario.
Más allá del ámbito nacional, 'Comedor Universal por Derecho' carga asimismo tintas contra el papel de un Gobierno autonómico que, aseguran, continúa sin atender las reclamaciones de las familias y, para más inri, aún no ha ejecutado el 30 por cierto del presupuesto total previsto para ayudas y becas comedor, hasta 21 millones y medio de euros: "Es señal inequívoca de que es más que necesario abandonar el sistema de becas y optar, como ya hacen muchos países europeos, por un comedor escolar universal y gratuito".
Problemática agudizada si cabe por el "alto nivel de denegación" de solicitudes, que cifran en torno al 40 por ciento, más de 62.000 solo este año. Una suerte, en definitiva, de "racismo institucional".

Y, como guinda, añaden: "el -actual- sistema favorece a familias sin situaciones de pobreza, aumenta un 35 por ciento las becas concedidas a familias que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras que desciende un 40 por ciento por ciento las concedidas en situación de vulnerabilidad", en alusión a las perceptoras del Ingreso Mínimo Vital. Es, en definitiva, "un sistema fracasado", resumen.
La alternativa, además, accesible. Pues la puesta en marcha del comedor escolar "universal y gratuito" en centros públicos, estiman, supondría una inversión de, aproximadamente, 926 millones de euros anuales, "tan solo un 3,23 por ciento del presupuesto total de la Comunidad" y "algo más de tres cuartas partes de los 1.200 millones perdonados por las políticas fiscales de la presidenta Díaz Ayuso a las grandes fortunas que tributan en la región".
Calendario de actuaciones
El encuentro de este sábado, programado desde las 10:30 horas en la parroquia San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías, fija como objetivo "escribir entre todas las asociaciones y familias la propuesta de ILP de comedor universal" y supone el primer paso de un extenso calendario de actuaciones dividido en tres fases adicionales, a desarrollar este mismo curso.
Por un lado, la presentación del proyecto de Iniciativa Legislativa Popular, previsto para mayo. A continuación, con vistas a culminar a lo largo del próximo otoño, la perceptiva recogida de firmas. Y es que según la normativa vigente resulta necesario recabar hasta 50.000 apoyos ciudadanos para estar en disposición de registrar el escrito en el Parlamento regional. Se prevé, si todo sigue los cauces establecidos, que el texto definitivo sea finalmente presentado antes de las navidades.
Apoyos y discrepancias

La Plataforma 'Comedor Universal por Derecho' está impulsada por más de 50 colectivos, y cuenta con el apoyo de la Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (CONFAPA), así como de la Asamblea Verde Madrid y Menos Lectivas Madrid. También con el de Más Madrid, que en diciembre de 2025 ya registró en la Cámara autonómica una iniciativa muy similar.
Se trataba, en concreto, de una Proposición de Ley que, avalada por una inversión de hasta 836 millones de euros, garantizaría la implantación gradual -en un periodo de cuatro años- de una red de comedores escolares integrada en el propio sistema educativo madrileño para llegar a 869.123 menores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos. Es decir, públicos y concertados.
El objetivo, acabar con la "chapuza" que a sus ojos representa el actual modelo de adjudicación de becas comedor, aliviar la carga sobre las familias a raíz de la inflación y, de paso, garantizar una alimentación "equilibrada" para los escolares, al tiempo que permitiría educar en hábitos más "saludables".
"Es una medida ética y práctica" porque "una sociedad decente no pregunta quién tiene derechos y quién no, sino simplemente los garantiza", han defendido esta misma semana las primeras espadas del partido, Manuela Bergerot y Rita Maestre.
Frente a las quejas de Más Madrid, desde donde garantizan que "el 31 por ciento de los niños madrileños están en pobreza y solo el 13 por ciento accede a la beca", en la Comunidad presumen de cifras "récord" de inversión, más de 67 millones de euros, y beneficiarios, 20.000 más que en el curso anterior, el 2024-2025, para alcanzar los 146.100.
"Todas las familias que cumplen con los requisitos la reciben", garantizan desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de Mercedes Zarzalejo.