El próximo jueves 26 de marzo, el Congreso de los Diputados votará la futura Ley Integral de Impulso a la Economía Social. Sin duda, estamos ante una oportunidad relevante. No es habitual que una norma ponga el foco en un modelo empresarial que representa más del 11% del PIB, que agrupa a miles de empresas y sostiene millones de empleos en España.
Es de agradecer que el reconocimiento político a la Economía Social durante la tramitación ha sido amplio y positivo. Pero, precisamente por eso, porque el punto de partida es bueno, no podemos permitirnos que el resultado final se quede a medio camino. La cuestión clave es clara: queda poco tiempo, pero todavía estamos a tiempo de hacer una ley realmente útil.
La Economía Social no es un bloque homogéneo. Bajo sus principios compartidos conviven realidades distintas, con necesidades específicas. Y cuando se opta por integrar diferentes marcos normativos en una única ley, el riesgo es evidente: acabar con un texto demasiado generalista, con mejoras transversales, pero sin avances de calado para sectores concretos. Ese riesgo afecta especialmente a las cooperativas.
Si el texto no incorpora las reclamaciones que el cooperativismo viene planteando desde hace años, la ley que se apruebe el 26 de marzo será, en la práctica, una norma descafeinada. Puede contener y contiene avances positivos para el conjunto de la Economía Social, pero dejará prácticamente intactos muchos de los problemas estructurales que afectan al cooperativismo de trabajo y al modelo cooperativo en general.
No hablamos de cuestiones menores. Hablamos de aspectos clave como la fiscalidad específica de las cooperativas; la regulación de las horas de trabajo por cuenta ajena vinculadas a socios y socias; el fortalecimiento del fondo de reserva obligatorio, esencial para la estabilidad y desarrollo de las empresas cooperativas; o el impulso real a la recuperación de empresas en crisis mediante fórmulas cooperativas. Son elementos que condicionan el presente y el futuro del sector. Sin ellos, difícilmente puede hablarse de una ley transformadora.
Durante la tramitación, el sector ha mostrado voluntad de acuerdo. Ha habido diálogo, cesiones y una actitud constructiva para lograr una norma que represente a todas las familias de la Economía Social. Pero ese esfuerzo debe traducirse en un texto final que esté a la altura. Porque no se trata solo de aprobar una ley. Se trata de aprobar una buena ley. Una ley que no se limite a ordenar o reconocer, sino que impulse de verdad. Que genere condiciones para crecer, para consolidar empresas, para crear empleo de calidad y para fortalecer un modelo que ya ha demostrado su resiliencia y su utilidad social en reiteradas ocasiones. La más reciente, durante la pandemia de la Covid-19.
El consenso político es deseable, sin duda, si bien corremos el riesgo de que sea a costa de rebajar el contenido hasta hacerlo irrelevante. No podemos conformarnos con una ley correcta si aún estamos a tiempo de conseguir una ley ambiciosa.
Por eso, el mensaje es claro en esta recta final: escuchen a las cooperativas. Todavía hay margen para incorporar mejoras sustanciales. Todavía se pueden incluir las enmiendas que el sector considera imprescindibles. Todavía se puede evitar que esta ley nazca con un alcance limitado.
El 26 de marzo no debería ser simplemente el final de un proceso legislativo. Debería ser el punto de partida de una nueva etapa para la Economía Social.
Para que eso ocurra, la ley debe ser algo más que un buen gesto. Debe ser una herramienta útil, eficaz y valiente. Y eso, hoy por hoy, aún está en juego.
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