El Ministerio de Interior ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y ha ordenado restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue cesado por pérdida de confianza como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska.
La reincorporación se ha comunicado tanto a la sede judicial como al coronel. El entorno de Pérez de los Cobos confirma que se le ha informado de que su reposición como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ya está firmada y que se publicará la próxima semana en el boletín oficial de la Benemérita.
Fue el pasado 28 de marzo cuando el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional, que declaró "ilegal" el cese del coronel al entender que la motivación no era "real" o, como poco, no se ajustaba "a la realidad".
Ya en junio, Pérez de los Cobos envió una carta a Grande-Marlaska en la que le reclamaba que "a la mayor brevedad lleve a punto y debido efecto lo ordenado por sentencia firme, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación".
Interior tenía un plazo de dos meses para ejecutar la restitución de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. No obstante, fuentes del caso indicaron que el plazo se había dilatado porque empezó a contar desde que el fallo se notificó de forma efectiva al Ministerio del Interior. Se apuntaba así a una restitución "en torno a la primera semana de agosto".
Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020, a los pocos días de declararse el estado de alarma y de que agentes de la Comandancia de Madrid iniciaran por orden de una juez una investigación, que luego fue archivada, sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8-M y la expansión de contagios.
Tras conocerse el fallo del Supremo, Grande-Marlaska aseguró que iban a cumplir la sentencia, aunque reiteró que la decisión de cesarlo estaba justificada por pérdida de confianza debido a la filtración del informe del 8-M y a que no comunicó a sus superiores la práctica de esta diligencia, como había hecho anteriormente con otras novedades. Según él, en ningún momento desde la cúpula de Interior el interés fue conocer "el contenido" de dicho de informe.
El coronel alegó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".