Entre críticas de todo pelaje dirigidas, como si de dardos se tratase, al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, especialmente en lo relativo a la vivienda, con el foco sobre sus políticas "intervencionistas" y "populistas", llegando incluso al extremo de la "expropiación", el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha dado a conocer este martes una nueva licitación de 350 viviendas pensadas para "los más vulnerables".
Estas se repartirán entre el desarrollo de Los Berrocales y la UVA de Hortaleza, en el distrito de San Blas-Canillejas. En concreto, tal y como anticipase ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso, 130 se ubicarán en Los Berrocales. El resto, unas 220, en el popular barrio de Hortaleza.
La iniciativa, como de costumbre, bajo el paraguas de la siempre presente colaboración público-privada. Los trámites arrancarán de manera oficial "próximamente". En la práctica, según está contemplado, en el último cuatrimestre del año.
La hoja de ruta del Ejecutivo regional es clara: "sin atajos ni soluciones milagrosas", incrementar la oferta disponible para paliar la vigente crisis de acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Tanto es así, de hecho, que "desde 2019 -desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta-, hemos promovido más del 40 por ciento de toda la vivienda protegida en España, más que cualquier otra comunidad autónoma", presumen.
En suma, prometen, serán más de 70.000 pisos "con algún tipo de protección" los que se hayan construido al término de la vigente legislatura. Y, de acuerdo con las últimas estimaciones, hasta "280.000 en los próximos 15 años" gracias a las posibilidades que ofrecen los 31 desarrollos urbanísticos en marcha en la actualidad.
Todo frente a los "ocho años perdidos" de la mano del "Gobierno socialista" pues la vivienda es una "urgencia social" que en ningún caso admite "dilaciones".
Respuesta de Más Madrid
La dúplica, por voz de Más Madrid, el registro de dos Proposiciones No de Ley (PNL) en la Asamblea. Ambas se encaminan a "intervenir el mercado de la vivienda" a fin de "frenar la especulación" y "reforzar el parque público de vivienda" mientras "las derechas tumban derechos de los inquilinos".
La primera de ellas, informan desde la propia formación, "denuncia el papel de los grandes fondos de inversión en el encarecimiento del alquiler y la pérdida de vivienda pública, señalando la venta de inmuebles protegidos a actores privados y la falta de intervención del Gobierno regional". Entre otras medidas, plantea "frenar la expansión de grandes tenedores, prohibir la venta de vivienda pública a fondos, ejercer de forma generalizada el derecho de tanteo y retracto y crear un registro de grandes propietarios para reforzar el control público".
La segunda PNL se centra más bien en el modelo de vivienda protegida, criticando su "insuficiencia y descalificación progresiva". Como solución, propone establecer la protección pública indefinida de estas viviendas, eliminar incentivos a promotores privados con ánimo de lucro, fomentar modelos alternativos como cooperativas o cesión de uso y aumentar la reserva de suelo para vivienda protegida hasta al menos el 30 por ciento en nuevos desarrollos.
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