La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este martes la primera sesión del juicio con jurado popular contra los dos conductores acusados de causar la muerte del doctor Juan Alfredo López en julio de 2021, durante una carrera ilegal en los túneles de la M-30. Los acusados se enfrentan a penas de hasta quince años de prisión.
La jornada inicial se centró en la selección del jurado y en la presentación de los informes preliminares por parte de Fiscalía, acusaciones particulares y defensas. La víctima, que regresaba a su domicilio tras su jornada en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, colisionó con los vehículos de los acusados en el kilómetro 11 del túnel, cuando estos circulaban a gran velocidad y de manera temeraria.
Conducción temeraria y drogas
El fiscal especializado en Seguridad Vial afirmó que los hechos fueron “un acto consciente” y no un accidente fortuito. Según su versión, los acusados mantuvieron una carrera peligrosa de casi cuatro kilómetros, con maniobras arriesgadas como adelantamientos en zigzag, cambios bruscos de carril y conducción en paralelo.
En el caso de uno de ellos, se detectó consumo de cocaína, cannabis y otras sustancias, además de carecer de permiso de conducir, mientras que el otro sostiene que su consumo de drogas se produjo después del siniestro.
Las acusaciones particulares, ejercidas por la familia del médico, defendieron que se trata de un homicidio con dolo eventual, asegurando que los acusados eran plenamente conscientes del riesgo que generaban. “Se podía prever que alguien podía morir”, señalaron.
Las defensas cuestionan la calicación de los hechos
Por su parte, las defensas cuestionaron tanto la validez de las mediciones de velocidad realizadas por la Policía Municipal como la calificación jurídica del caso. Uno de los abogados argumentó que su cliente no realizó maniobras temerarias y se vio expuesto al peligro por la conducción del otro implicado, mientras que la defensa del segundo acusado insistió en que los hechos deben considerarse un homicidio imprudente, sin intención de causar la muerte, y puso en duda la relevancia del consumo de drogas para determinar la responsabilidad penal.
El proceso continuará con la exhibición de las imágenes grabadas por las cámaras de tráfico, la declaración de testigos y peritos, y la presentación de otras pruebas. Tras estas diligencias, el jurado popular deberá decidir si los hechos constituyen un homicidio doloso o imprudente.
Si (
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