Aranjuez denuncia "cobros ilegales" a migrantes para la gestión de citas con su trabajador social: "Son mafias"

La polémica relativa a las discrepancias competenciales entre los gobiernos autonómico y central en torno a quien debe hacerse cargo de los costes ligados a la manutención y alojamiento de los migrantes solicitantes de asilo que llegan a la región, las protestas del pasado fin de semana en pos del cierre del centro de menores extranjeros no acompañados de Alcalá de Henares tras la agresión sexual a una joven del municipio, presuntamente cometida por uno de los internos, y, por supuesto, los incidentes de los últimos días en Torre Pacheco han devuelto el debate migratorio al foco mediático.

Aunque entre las fuerzas que ostentan el poder político en la actualidad -PSOE y Sumar a escala nacional y Partido Popular en el ámbito regional- existe un cierto cuórum en la necesidad de atender de la mejor manera posible a este colectivo vulnerable, lo cierto es que una corriente de pensamiento cada vez más extendida aboga por su repatriación inmediata. Tensión, por tanto, en las fronteras y, para más inri, una incipiente fractura social en el país que complica aún más si cabe la gestión de una crisis con infinitas aristas.

Mientras tanto, la realidad que viven en su día a día los migrantes que llegan a España continúa siendo cuanto menos compleja. Para muestra, solo una de tantas, la última denuncia de la Fundación Juanjo Torrejón, entidad asociada al Ayuntamiento de Aranjuez para la gestión del Punto Municipal de Atención a la Persona Migrante, y que apunta a "cobros ilegales" para la obtención de citas encaminadas a regularizar su situación. Los supuestos autores, despachos de abogados que estarían actuando como "mafias". Los testimonios recogidos advierten de pagos que han llegado a superar incluso los 800 euros en total.

"Desde la Fundación Juanjo Torrejón queremos hacer pública nuestra disconformidad y repulsa tras detectar casos de cobros indebidos a personas migrantes por la gestión de citas con su trabajadora social, pese a que este servicio es completamente gratuito. Algunas personas participantes de los proyectos que se llevan a cabo en la entidad han informado que agentes externos, como gestorías o asesorías jurídicas, han llegado a cobrar hasta 50 euros por gestionar citas que forman parte del proceso para la emisión de informes de arraigo o vivienda", relata el director de la institución, Miguel Ángel Leñero, en conversaciones con Madridiario.

Tales informes pueden solicitarse de manera gratuita -a excepción de las tasas asociadas, unos 30 euros aproximadamente- a través de la Oficina de Atención al Ciudadano o la web de la Comunidad de Madrid. Tras ello, la propia entidad se pone en contacto directamente con la persona solicitante para concertar una cita presencial con el trabajador social una vez se ha hecho la solicitud. "En ningún caso esta cita tiene coste alguno", subraya preocupado este representante.

Un escenario que no resulta en absoluto novedoso, sino que se prolonga durante años, y que vendría mediado por el "colapso total" en los servicios de Extranjería. La necesidad de obtener una cita a la mayor brevedad posible, por tanto, convierte a los migrantes embarcados en este proceso en las víctimas perfectas. Todo fruto de la "desesperación".

"Este fenómeno no es nuevo. Desde hace años, diversas publicaciones en medios de comunicación de carácter nacional han documentado la existencia de mafias que monopolizan el acceso a las citas de extranjería, obstaculizando el proceso legal y vulnerando los derechos de las personas migrantes. Copan todas las citas y luego las revenden. Es conocido. Está en boca de todos. Pero la realidad es que se sigue haciendo aprovechando la desesperación de estas personas que necesitan una cita con urgencia y prefieren pagar ese precio".

"Se aprovechan del miedo y la desesperación"

Consultado por la posibilidad de acudir a los tribunales para denunciar formalmente estas prácticas "abusivas", desde la Fundación Juanjo Torrejón reconocen la gran dificultad que entraña convencer a los afectados para iniciar un proceso legal de este calado o, simplemente, comparecer en sede judicial a raíz, claro, del "miedo" que despiertan los trámites administrativos entre los migrantes irregulares. Más aún si cabe los asuntos jurídicos.

"Nos hemos enterado por casos concretos, pero desconocemos el volumen real de afectados. Es muy difícil probar quién está haciendo esto. Juegan con el miedo de las personas migrantes, pero no tenemos documentación que lo acredite. Para ir a los tribunales necesitaríamos tenerlo todo perfectamente probado, pero no es fácil por ese miedo. Al final, son personas vulnerables. Si denuncio, piensan, ¿qué va a pasar conmigo?. Tienen pavor a meterse en un lío mayor", sentencia Leñero.

A fin de prevenir fraudes y estafas similares, recomiendan desde la Fundación Juanjo Torrejón, tanto la solicitud inicial como el resto de trámites deben realizarse de forma personal o, en su defecto, con la ayuda de profesionales de la máxima confianza. En la práctica, la mejor precaución pasa por facilitar siempre el teléfono directo de la persona interesada. En ningún caso el de un intermediario. Y es que "esto permite a la entidad mantener una comunicación directa y asegurar que el proceso sea claro y sin interferencias".

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales consultadas por este digital aseguran no tener constancia alguna de tales cobros y que, aunque la competencia directa no recae sobre el Ejecutivo regional, no existe "lista de espera alguna" en las citas asociadas a trámites de extranjería. Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Madrid han preferido no hacer ninguna valoración al respecto.