Jornada convulsa en los pasillos del Palacio de Cibeles que contrasta con la alegría en los despachos del grupo municipal de Vox tras conocerse este martes la sentencia que anula varios artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del 5 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Madrid. En particular, la decisión judicial revoca las disposiciones que delimitaban la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio, así como las que creaban las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) en las áreas de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Sin embargo, el resto de la Ordenanza continúa vigente, incluyendo los artículos que hacen referencia, de forma general o específica, a las ZBE y ZBEDPE que puedan establecerse en el futuro lo que ha provocado las críticas de la oposición en el Consistorio mientras el Ejecutivo municipal estudia agotar los plazos que marca el tribunal para representar recurso de casación.
Contraste de respuestas a la sentencia judicial entre los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida a cuenta de la sentencia que se conocía este martes con un Vox satisfecho. Tal y cómo insistía su portavoz, Javier Ortega Smith, “hoy es un día de alegría”, ha enfatizado, al tiempo que insistía ante los medios de comunicación: ”Sabemos que, gracias a esta sentencia, muchos madrileños van a poder continuar su vida sin el agobio que suponía tener que dejar el 1 de enero de 2025”.
Horas después, era el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, el encargado de explicar la posición del Gobierno municipal. "No es una decisión política, sino una decisión netamente jurídica y tienen que analizar, por tanto, la sentencia y determinar si presentar ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Dicho plazo finaliza el 23 de octubre", ha informado ante la prensa que le esperaba a las puertas del Palacio de Cibeles.
Carabante: "No se anulan las multas"
El Ejecutivo de la capital se da tiempo para estudiar el recurso de casación que deberán presentar ante el TSJM con plazo máximo para ello de 30 días, por lo que los servicios jurídicos del Consistorio tienen hasta el 23 de octubre para elaborar una respuesta a los argumentos esgrimidos por el tribunal que apuntaba a una "clara insuficiencia" de los informes previos a la aprobación de la normativa, subrayando, conforme a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, la falta de exhaustividad en el informe de impacto económico. Para Carabante, el Tribunal Superior de Justicia anula las ZBE “por un defecto formal al no considerar acreditado o justificado adecuadamente el impacto económico que tenía la implantación de las zonas de bajas emisiones", ha subrayado.
Sanciones vigentes y “bien puestas”
Entre las dudas de muchos de los conductores que leían hoy la noticia de la anulación, la devolución de las multas ya impuestas y el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones ha sido recurrente para muchos estas horas. Cientos de comentarios en redes sociales han insistido en esa línea entre conductores particulares y repartidores de mercancías cuyos vehículos no cumplían lo que determinaba la norma municipal. Ante eso, el titular de las políticas de movilidad insistía: “No se anulan las multas que ya han sido impuestas” en base a esta norma, ya que "están bien impuestas". Carabante tira de experiencia, “ya hay jurisprudencia”, y recuerda la anulación de la ordenanza de Madrid Central que también determinaba la suspensión de esta zona de bajas emisiones, y lo que se determinó es que las sanciones estaban bien impuestas porque hasta la sentencia esas sanciones y esos accesos indebidos han sido accesos precisamente indebidos", ha insistido el delegado.
Opinión contraria es la defendida por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith que, con visible alegría, ha defendido que el Ayuntamiento “debería devolver las multas de oficio”, aunque a la par se ha mostrado pesimista ante la acción futura del Consistorio. "Parece que el afán recaudatorio del PP no tiene límites, así que les va a costar mucho soltar el dinero", aunque Ortega espera "que se lo exijan los madrileños por las calles".
Vox plantea la dimisión de Almeida
El edil ha reiterado que "aquí se están poniendo en juego los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la libre circulación, el de llevar una vida digna, el derecho al empleo, y el derecho a la libertad empresarial". "Y no puede esa codicia recaudatoria del PP, de Almeida, atropellar todo, ignorar la ley, incumplir las promesas electorales y los pactos de investidura solo para mantenerse en el cargo", ha denunciado el concejal. Las palabras de Ortega han sido rebatidas por Carabante que ha tachado de “discurso triunfalista”, una victoria que niega al señalar que el verdadero éxito para Madrid recae en "la política de sostenibilidad que ha permitido estar a la vanguardia" en materia de calidad del aire.
Vox plantea la dimisión de Almeida y brinda “por España y los madrileños”
Ortega Smith, rodeado de varios de los ediles de su grupo y del equipo jurídico que ha estado detrás del recurso presentado por el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid contra la normativa impulsada por Almeida, ha insistido en señalar que el regidor debería presentar su dimisión ante esta decisión judicial.
“Tendría que presentar su dimisión por haber mentido a los madrileños y por haber quedado absolutamente desacreditado en todas las mentiras de este Madrid Central, que se ha demostrado que no era otra cosa que una fabulosa maquinaria de recaudación de dinero, con cerca de un millón de euros impuestos todos los días”, ha insistido a los medios de comunicación desde la sede del antiguo Consistorio en Plaza de la Villa. Poco después, el líder municipal de Vox ha reunido a sus concejales para brindar ante la decisión judicial. Música bélica y vino tinto para cerrar una jornada de contrastes entre la alegría de Vox y el revés para el Ejecutivo de Martínez-Almeida
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