En una sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a los vecinos de la Cañada Real, pertenecientes a la famosa 'Zona sin asfaltar', como acusación particular en procesos judiciales contra empresas que causen contaminación, dado que son víctimas directas de delitos medioambientales.
Europa Press ha tenido acceso a una resolución que estima un recurso de apelación presentado por los vecinos, quienes actuaron a través del Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES, en contra de las decisiones que rechazaron dicha solicitud. En esta nueva determinación, se reconoce a los vecinos como afectados, permitiéndoles participar como acusación particular en un procedimiento específico.
A finales de 2022, un amplio grupo de vecinos históricos de esta zona de la Cañada denunciaron la situación que estaban padeciendo en su barrio ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.
Según detalla CAES, durante esos meses, la situación se volvió aún más intensa después de años de ocurrir: "Decenas de camiones cargados de escombros descargaban sin control su contenido en las inmediaciones de sus casas sin el más mínimo control medioambiental ni seguridad".
Una asociación patronal de empresas privadas del sector de la construcción había estado llevando a cabo esta práctica, la cual presuntamente contaba con el permiso y respaldo de la Comunidad de Madrid, así como de otras Administraciones Públicas que operan en la Cañada Real. Estas entidades utilizan los vertidos de material como una forma de presionar a los residentes para que abandonen sus hogares.
En la resolución, los magistrados indican que "ninguna duda ofrece que de los hechos investigados, de llegar a comprobarse, no solo resultaría la comisión de un delito contra el medio ambiente, bien jurídico de titularidad colectiva, sino que también podrían encontrarse afectados bienes jurídicos individuales de los recurrentes, de carácter personal, como la salud, la libertad y la intimidad domiciliaria".
Derribos de viviendas
De acuerdo con los abogados de CAES, la misma patronal empresarial ha estado realizando demoliciones de viviendas a petición de la Comunidad de Madrid, donde se han ignorado las más básicas medidas de protección del área. En estos vertidos de material de construcción se han encontrado uralitas, materiales prohibidos e incluso electrodomésticos enteros en una zona que goza de especial protección. Algunos de estos derribos han sido objeto de denuncias, lo que ha llevado a que altos funcionarios de la administración enfrenten cargos por prevaricación.
La denuncia presentada por los vecinos fue aceptada para su tramitación debido a posibles delitos relacionados con el medio ambiente y la prevaricación de las Administraciones responsables de proteger los intereses comunitarios. Sin embargo, el Juzgado decidió denegarles el derecho a ejercer la acusación particular, argumentando que no eran directamente afectados por los daños medioambientales que podrían estar ocurriendo en la zona.
El auto también señalaba que la acusación popular solo podría ser ejercida tras el pago de una fianza de 15.000 euros. Por esta razón, CAES presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, argumentando que los vecinos que habitan en la zona son víctimas directas de los delitos denunciados. Estos residentes experimentan un deterioro medioambiental en su entorno y temen que su salud se vea comprometida debido a los vertidos de materiales contaminantes cerca de sus hogares.
Los abogados que representan a los vecinos consideran que "la decisión de privarles del derecho a ejercer la acusación particular y remitirles a una costosísima acusación popular (como si fueran únicamente ciudadanos preocupados por el Medio Ambiente) suponía un atropello a sus derechos como víctimas de un delito".
La solicitud fue respaldada por la Fiscalía de Medio Ambiente, y el TSJM ha aceptado plenamente sus argumentos, revocando así la decisión que había rechazado a los vecinos afectados como acusación particular. De este modo, se reconoce su estatus como víctimas y perjudicados.
"Esta decisión supone una victoria de la vecindad organizada en la defensa de sus barrios y de su territorio. Además, clarifica el papel de la ciudadanía como actor en autotutela de su derecho al medio ambiente frente a los abusos de actores públicos y privados que operan en la actual carrera por el beneficio a costa de la salud ambiental y la aceleración del cambio climático", señala CAES.
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