Contra todo pronóstico, la "prioridad nacional" ha terminado por convertirse en el espacio en que Partido Popular y Vox acercan, tras muchos meses de trifulca, posturas. Una tregua al perenne enfrentamiento que estos viejos aliados mantienen desde hace años -desde que Isabel Díaz Ayuso se alzase con la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas- y que, de paso, ha convertido a la Asamblea de Vallecas en el primer parlamento regional que otorga, con el voto a favor de ambos grupos, 81 diputados sobre un total de 135, validez al eslogan más controvertido de los de Santiago Abascal.
El detonante de este particular encuentro "de mínimos", a propuesta de los de Isabel Pérez Moñino y José Antonio Fúster, aunque matizada a continuación por los Populares, la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) que llama a "instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación" -así funciona este tipo de propuestas- a "garantizar la prioridad nacional" y "la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles".
En una ideal política de máximos, Vox aspiraba así a lograr la prioridad de "acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda" para los nacionales, suspender el vigente proceso de regularización "masiva" de migrantes y activar "la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles". En la práctica, los irregulares.
Todo a fin de prevenir el "colapso" que a sus ojos provoca el crecimiento demográfico impulsado por los mismos migrantes en materias como la Sanidad, los transportes colectivos, principalmente en Metro de Madrid, o la asistencia jurídica gratuita. "No es algo radical, sino de sentido común", ha defendido al hilo la misma Pérez Moñino.
Una iniciativa en absoluto inocente, y es que adelanta, por la derecha y sin intermitente, al punto más polémico de la negociación para los pactos de Gobierno en Extremadura y Aragón. Con el consiguiente ruido mediático despertado. Para muestra, las acusaciones de los sectores progresistas, que no dudan un ápice en tildar el espíritu que subyace la medida de "racista", "xenófoba" y, en último término, "ilegal", contraria a los principios básicos recogidos en la Constitución.
La réplica Popular, a fin de suavizar la citada PNL y, al mismo tiempo, devolver la pelota al tejado de Vox, la presentación de una enmienda de modificación que recondujese el debate al vincular la prioridad nacional al "arraigo real, duradero y verificable" que cada ciudadano pueda desarrollar en relación con el lugar en el que vive, estudia, trabaja, cotiza y paga impuestos. Algo completamente al margen de los parámetros contemplados en un primer momento, el país de "origen" y la "nacionalidad". Todo, por supuesto, "dentro del respeto al marco constitucional".
"Prioridad nacional, en sí, no significa nada. Si se entiende como que los españoles, independientemente de su situación, tienen una prioridad respecto a los extranjeros, en muchos casos sin acceso a muchos servicios, sería una cuestión ilegal que no podríamos compartir", ha explicado al ser cuestionado al respecto el portavoz de los Populares en la Cámara, Carlos Díaz-Pache. Si, por el contrario "prioridad nacional se refiere, como nos referimos nosotros, a una prioridad del arraigo y no de origen o de nacionalidad, estaremos de acuerdo", apostillaba acto seguido.
Y, tras encajar nuevas preguntas de parte de la prensa, el mismo Pache sentenciaba: "Siempre lo hemos defendido y siempre hemos puesto en marcha políticas que premian el arraigo. Es razonable que las personas que viven en Madrid, que trabajan en Madrid, que pagan sus impuestos y que tienen sus obligaciones aquí, tengan prioridad en el acceso a los servicios y a los derechos que otorgan también nuestras normas".
Una máxima, tal y como viene recogido en la enmienda Popular, que hace en realidad referencia al establecimiento de un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio", "vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema" y, más allá de "supuestos de urgencia vital", "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular".
Por ejemplo, en materia de vivienda protegida y alquiler social, el texto aboga por "la asignación prioritaria" para aquellos que gocen de "empadronamiento histórico en el territorio". O lo que es igual, un mínimo de diez años para compra y cinco para alquiler.
Línea roja, en cualquier caso, que Vox terminaría por cruzar -y aceptar- a regañadientes. Era el precio a pagar por conseguir el visto bueno a su propia iniciativa. Y es que la mayoría absoluta del PP -o "rodillo absolutista", tal y como ellos mismos lo califican- es definitiva. A día de hoy, la única llave parlamentaria para sacar adelante propuestas desde Entrevías.
Y mientras, como cabía prever, cundía la indignación en las filas de Más Madrid y PSOE-M, para quienes esta "vieja idea", que bebe de "papá -Jean Marie- Le Pen" y sus predecesores "alemanes", atenta contra "uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho": "la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley". Simplemente, resumen, las fuerzas conservadoras "se equivocan" pues "la patria no se defiende persiguiendo a quien no tiene". Y menos aún en España, "una tierra construida por quien la trabaja, por quien la suda. Se llame Antonio, Joselyn o Amadou".
Expulsión de migrantes que cometan delitos
Por si el punto anterior no diese suficiente de lo que hablar, a renglón seguido el Partido Popular votaría de nuevo a favor otra PNL para "garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes" e "instar al Gobierno de la Nación" a "derogar con carácter inmediato el Real Decreto (...) por el que se aprueba la regularización masiva de inmigrantes".
Entre los argumentos expuestos, considerar que la propia regulación "carece de los mecanismos de control necesarios", "vulnera los principios europeos en materia migratoria" y "contraviene los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo".
Si (
No(
A favor (
En contra (
