El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha requerido al grupo municipal de Más Madrid que retire las pancartas en apoyo al pueblo palestino colocadas en la fachada del edificio de grupos municipales en la calle Mayor 71. La resolución, firmada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, se apoya en un informe jurídico de la Secretaría del Pleno que considera que las lonas exhibidas por la formación “no respetan la neutralidad ideológica y la objetividad de las administraciones públicas”.
El informe argumenta que las pancartas, con mensajes como “Sí, es un genocidio” y “Stop al genocidio en Gaza. Palestina libre”, constituyen un símbolo partidista al existir “posicionamientos políticos divergentes” sobre el conflicto en Oriente Próximo, y advierte de que podrían “propugnar el enfrentamiento y contribuir a aumentar la crispación existente en este asunto”. En consecuencia, el Ayuntamiento ha abierto un expediente para ordenar su retirada, concediendo a Más Madrid un plazo de tres días para presentar alegaciones.
La orden de retirada llega pocas semanas después de la celebración de la Vuelta Ciclista España, la cual estuvo marcada por los altercados en torno a las protestas propalestinas a su paso por Madrid, y días después de la manifestación multitudinaria celebrada en Madrid el pasado fin de semana en apoyo al pueblo palestino.
“Si Almeida quiere quitarlas,que lo haga con sus propias manos”
El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha calificado la resolución de “ataque a la libertad de expresión” y ha acusado a Borja Fanjul de actuar como “comisario político de Almeida y no como presidente del Pleno”.
“Actúa siempre a las órdenes del partidismo más claro del PP para acometer un ataque a nuestra voluntad de apoyar al pueblo palestino, algo que está tatuado en nuestro ADN”, ha asegurado Rubiño. “Si el alcalde quiere que se retiren las pancartas, va a tener que quitarlas con sus propias manos y atenerse a las consecuencias, porque ya en otras ocasiones, como con la bandera LGTBI, los tribunales nos dieron la razón”.
El edil ha defendido que la pancarta “no propugna ningún enfrentamiento con nadie, tan solo demuestra la voluntad de respeto a los derechos humanos”, y ha insistido en que “no se coloca al nivel de las banderas oficiales”, sino que constituye “una muestra de apoyo político desde un espacio destinado a la actividad de grupo municipal, no a servicios administrativos”.
Rubiño ha acusado además al Gobierno de Almeida de intentar “silenciar a la oposición democrática” con “una argumentación jurídica peregrina” que, según sostiene, “se basa en una jurisprudencia que no existe”.
Por su parte, la vicealcaldesa Inma Sanz ha asegurado que el procedimiento se ajusta a la normativa y que “no hay reglas distintas para la izquierda ni para nadie”. “La resolución del presidente del Pleno da tres días para presentar alegaciones. Ellos las presentarán y se resolverá, pero una vez haya una decisión, los grupos políticos tendrán que cumplirla como todos los demás”, ha afirmado Sanz.
La bandera LGTBIQ+, como antecedente
No es la primera vez que el Ayuntamiento exige la retirada de símbolos de las fachadas del edificio de grupos municipales. En junio, a las puertas del MADO 2025, el presidente del Pleno también requirió a Más Madrid y al PSOE retirar las banderas LGTBIQ+ que habían colgado en el mismo inmueble, autorizando su exhibición únicamente el 28 de junio, Día del Orgullo.
En aquella ocasión, la decisión se basó en una sentencia del Tribunal Supremo que, según la interpretación del Gobierno municipal, establece un “límite temporal” para la exhibición de banderas no oficiales en edificios públicos.
El informe jurídico actual cita la misma jurisprudencia, argumentando que la colocación de símbolos distintos a los oficiales solo está permitida cuando “no constituyen un símbolo partidista, no propugnan enfrentamiento y están acotadas a un límite temporal determinado”.
Más Madrid rechaza esa interpretación y sostiene que la sentencia de noviembre de 2024 del Tribunal Supremo “no prohíbe ni limita el uso de símbolos por parte de grupos políticos en espacios no institucionales” y que, en todo caso, “refuerza la idea de que los símbolos pueden exhibirse legítimamente siempre que no comprometan la neutralidad de la Administración”.
El grupo municipal mantiene que seguirá defendiendo su derecho a expresar “una posición en defensa de los derechos humanos y contra el genocidio que está teniendo lugar en Gaza desde hace dos años”, y que presentará las alegaciones correspondientes dentro del plazo establecido.
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