La compañía Airbnb ha decidido interponer un recurso de reposición contra la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025.
Esta sanción se debe a infracciones relacionadas con la publicación de anuncios turísticos. La decisión de recurrir se produce tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la solicitud de medidas cautelares presentada por la empresa para detener la sanción.
La plataforma 'online' ha expresado en un comunicado que considera esta multa como "contraria al marco legal español y europeo". Además, destaca que la decisión del tribunal es "puramente procedimental" y no aborda el fondo del asunto, el cual "sigue su curso".
A juicio de Airbnb, la empresa ha cumplido "en todo momento" con la normativa vigente en España. Asimismo, ha sostenido que desde que se implementó la nueva regulación sobre los alquileres de corta duración, ha colaborado con las autoridades competentes para su correcta aplicación.
Consumo detectó "prácticas comerciales desleales" hacia consumidores y usuarios al retirar de su plataforma, en julio de 2025, un total de 65.122 anuncios de alojamientos turísticos que carecían de licencia.
Se observó que Airbnb estaba publicando anuncios de alojamientos turísticos que incluían un número de licencia o registro que no coincidía con la numeración oficial, además de difundir anuncios sin proporcionar información veraz sobre la situación legal de los anfitriones, lo que constituyó una práctica de publicidad engañosa.
Debido a estas razones, la plataforma recibió una sanción de 63,98 millones de euros por parte de Consumo, calificada como infracción grave. Airbnb ha impugnado esta decisión ante los tribunales, lo que ha llevado a la suspensión temporal de la obligación de pagar la multa.
El auto del TSJM ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por la plataforma de alojamientos turísticos, que solicitaba la suspensión del pago de la multa hasta que se emitiera una sentencia.
"Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores"
El programa La hora de La 1 ha sido donde Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha respondido a la decisión del tribunal este lunes, subrayando que "ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores".
De igual manera, ha afirmado que el principio de que "ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores" queda respaldado por esta decisión judicial.
Según su perspectiva, la severidad de la sanción que se ha aplicado a Airbnb representa un cambio significativo en comparación con la "inacción" que, en su opinión, caracterizaba a la derecha en administraciones como la de Madrid durante el gobierno de José Luis Martínez-Almeida.
Este último ha sido señalado por él por "jactarse de no hacer nada" frente a los 15.000 apartamentos turísticos ilegales que existen en la capital.
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