Como cada año, el 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y lo hacemos, como siempre, con una sensación ambivalente: por un lado, con el profundo dolor de recordar a las mujeres que han sido asesinadas este año, 3 en la ciudad de Madrid y 44 en toda España; a los menores que han sido también asesinados como consecuencia de la violencia machista, y a todas aquellas mujeres que viven violencia de manera cotidiana en nuestra ciudad, a las que pasan por nuestros recursos municipales y a las que la sufren en soledad.
Recordamos hoy a Dolores Vargas, a Martha Azarmendia y a Jhoester López Rosario con una profunda dignidad y entereza. Tal y como ellas merecían, y tal y como sus familias merecen.
Porque hoy, también, acompañamos a sus hijos e hijas, madres, padres, amigos y amigas. En ese dolor que probablemente nunca desaparecerá, pero que quizá en parte sí puede ser aliviado mediante de la obtención de justicia y de la reparación de su memoria. Y para ello es clave que, pase lo que pase, a pesar de estas tremendas pérdidas, nunca terminen ganando los agresores. Que se encuentre justicia, y que la foto final no sea construida por ellos. Que no sean ellos los que establezcan el relato, y que sea la sociedad la que tenga la última palabra.
Desde aquí queremos contribuir a ese reconocimiento y mandar un mensaje claro de infinita repulsa, reprobación y desprecio hacia esas actitudes machistas que han acabado con la vida de tres vecinas de Madrid este año y que cotidianamente mantienen en vilo a tantas otras mujeres.
Pero, por otro lado, afrontamos este día con la necesaria obligación de evaluar qué es lo que ha cambiado en la lucha contra las violencias machistas: si nuestros esfuerzos han sido productivos o no, si han valido para algo. Y eso nos obliga a plantearnos, desde la responsabilidad que tenemos, el alcance de las políticas públicas contra las violencias machistas.
Por ello, me gustaría llamar la atención sobre tres aspectos que considero que han sido claves este año y sobre los que, creo, debemos seguir trabajando:
En primer lugar, el acceso a los recursos públicos de las personas que están siendo víctimas de violencia machista y que se encuentran en una situación administrativa irregular, o tienen otro tipo de barreras, sociales, culturales o lingüísticas para acceder a estos recursos. Solemos decir que los datos que manejamos las administraciones son sólo la punta del iceberg: sólo representan a un pequeño porcentaje de las mujeres que sufren violencia y que se acercan a las instituciones públicas. Lo que estos datos esconden es que hay una gran mayoría de mujeres que cotidianamente viven violencia de distintos tipos en nuestra ciudad y que se encuentran aisladas, ocultas, sin que las instituciones podamos llegar a ellas. Y, muy particularmente, esto sucede cuando estas mujeres se encuentran en una situación administrativa irregular y no conocen o tienen barreras para acudir a las instituciones públicas: la desconfianza, el miedo o el desconocimiento acentúan la soledad y, por tanto, la vulnerabilidad de estas mujeres. Es imprescindible, por ello, que todas las mujeres que vivan en Madrid, independientemente de su estatus o situación, conozcan y crean en nuestros servicios de atención y prevención. Solo así podremos acabar con ese cómplice de la violencia que es el aislamiento.
En segundo lugar, es improrrogable la obtención de protección eficaz por parte de las mujeres. Sabemos que no es fácil atreverse a denunciar, sabemos que no es fácil tomar conciencia de que estás siendo maltratada, romper con todo, e iniciar un proceso judicial. Si a pesar de todo eso, las instituciones fallamos, estamos mandando un mensaje peligrosísimo a todas las mujeres: les estamos diciendo que no sirve de nada. Y para que esto no sea así, es imprescindible que en los procesos judiciales y policiales se tenga en cuenta el testimonio de las mujeres. Si no logramos que las mujeres confíen en la justicia y la justicia en las mujeres, estaremos generando una democracia que falla en lo más básico: en la protección de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Y esto es, simple y llanamente, intolerable.
Además, creo que este año nos ha señalado también lagunas significativas en la protección de menores, niños y niñas, de la violencia machista. Son muchos ya los casos que demuestran que los hijos e hijas son una herramienta clave para percutir dolor sobre las mujeres. Es la manera que tienen los agresores de atacar lo que más quieres, lo que más te importa, y que ese dolor sea ya irreparable. Y nuestra legislación ha tardado en darse cuenta de esto. No es hasta el año 2013 que los niños y niñas asesinadas por la violencia machista han contado en las estadísticas oficiales, y llevamos ya 27, solo desde entonces. El convenio de Estambul, las leyes de protección de la infancia y la ley del estatuto de la víctima han supuesto avances importantes para los derechos de niños y niñas, pero en la práctica los y las menores se encuentran con enormes desafíos respecto a su protección frente a las violencias machistas.
Frente a esta forma de violencia, las administraciones debemos avanzar, en dos líneas fundamentales:
En primer lugar, debemos avanzar en considerar a los niños y niñas sujetos de derechos, asegurando su derecho a ser escuchados y escuchadas a cualquier edad en los procesos administrativos y judiciales que les afectan.
Y en segundo lugar, incorporando la perspectiva de género en los procesos de determinación del interés superior del menor, tal y como recomiendan las instituciones internacionales, porque solo de esta manera podremos protegerles de sus agresores.
Para terminar, un año más, quiero agradecer al movimiento feminista y a las asociaciones de mujeres por acompañar y cuidar de tantas mujeres que nos necesitan; al personal que, desde el Ayuntamiento de Madrid, dedica todo su esfuerzo y talento a mejorar nuestra red de recursos, y, por último, a todos los grupos políticos de la corporación, por impulsar que la lucha contra la violencia machista sea una prioridad para todos los partidos y avanzar, sin dilación, para que todas las administraciones pongamos el máximo de nuestros esfuerzos en acabar con las violencias machistas.
Celia Mayer es delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid
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