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OPERACIÓN ENREDADERA

Registros en varios ayuntamientos por la contratación irregular de semáforos
Registros en varios ayuntamientos por la contratación irregular de semáforos (Foto: Policía Nacional)

Empresarios, jefes de Policía Local y alcaldes, entre los detenidos por amaños en contratos de gestión policial

martes 03 de julio de 2018, 12:57h

La Operación Enredadera sobre posibles amaños de contratos de gestión policial ha alcanzado a una cuarentena de localidades y al menos 39 detenidos. En la Comunidad, ha sido arrestado el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, a quien Ciudadanos ha suspendido de militancia. También, entre los implicados hay empresarios y agentes en 16 poblaciones de la región. Anticorrupción y la UDEF han practicado 92 registros y 21 requerimientos de información.

La macrooperación denominada Enredadera llevada a cabo este martes por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha dejado un balance de 16 municipios de la Comunidad de Madrid afectados y varios detenidos, entre ellos, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez.

Cs ha decidido suspender "inmediatamente" de militancia a Ruipérez y "en caso de que estas personas fueran imputadas por presuntos delitos de corrupción", el partido procedería a su expulsión, han informado en un comunicado. Este municipio, donde Ruipérez gobierna en coalición con el PSOE, es el más poblado donde la formación naranja tiene una Alcaldía.

En la operación, que a las 19 horas continuaba abierta, se han practicado 92 registros y 21 requerimientos de información en una cuarentena de municipios, además de en la Diputación de Alicante. De los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición judicial: 13 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y otros cinco en el de Astorga. El resto quedarán en libertad. La Fiscalía ha informado de "detenciones de diversas autoridades y funcionarios", sin dar más detalles, aunque han trascendido muchos nombres.

Una decena de delitos

Los hechos investigados en Enredadera, según una nota de prensa de Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama Gürtel, también se encuentra entre los detenidos en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Además, ha sido arrestado José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. El Consistorio le ha abierto ya un expediente disciplinario.

La Policía también ha arrestado a la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa (PP), y al oficial de la Policía local de Alcobendas, Julio V.

En Pinto, el subinspector, en funciones de jefe policial, ha tenido que pasar por los calabozos. El Consistorio ha explicado en un comunicado que el contrato bajo sospecha es el expediente 24/2014 para la contratación de cámaras OCR para vigilancia de seguridad, adjudicado el 11 de febrero de 2015 por una cuantía de 64.457,55 euros, pocos meses antes de que el PP abandonase la alcaldía tras las elecciones municipales de aquel año.

Registros en media España

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

Sacyr ha abierto una investigación interna en Aplicaciones Geopol. Así lo ha anunciado la compañía de construcción y servicios que, además, ha manifestado su disposición a colaborar con la Justicia "en todo lo que sea necesario para aclarar el caso".

Varios consistorios implicados

El Juzgado de Badalona, que ha decretado secreto de sumario de las actuaciones, ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Este mismo Juzgado ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.También se han visto afectados los consistorios de Hoyo de Manzanares y de Guadarrama.

"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Cs.

Majadahonda: "El Ayuntamiento no ha pagado cantidad alguna"

El Ayuntamiento de Majadahonda ha aclarado que la UDEF ha pedido al Consistorio, información sobre "temas relacionados" con Gespol, "encargada de la gestión de multas de tráfico" y otros con la seguridad vial. Así lo han asegurado los responsables municipales a través de un comunicado, con motivo de la operación abierta, ante la que han realizado una serie de puntualizaciones, como que en la localidad "sólo hay un semáforo".

Así, han explicado que la gestión de las multas se adjudicó en 1998 mediante un convenio firmado por la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y diversos ayuntamientos "que en aquel momento tenían un tamaño mediano".

Con ese convenio, según estas fuentes, se dotaba a los ayuntamientos de una herramienta informática para la gestión de las multas. Así, indican que "según la información disponible", el Ayuntamiento de Majadahonda "no ha pagado cantidad alguna" por el contrato y mantenimiento de este servicio. De este modo, añaden que "actualmente" está en proceso de "tramitación" un contrato para el mantenimiento de dicha aplicación. "La licitación se lleva a cabo por procedimiento abierto y aún no ha sido adjudicado", concluyen.

Navalcarnero niega su implicación

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha negado que haya contratado con empresas implicadas en la operación. Sin embargo, apuntan que "la Corporación anterior adjudicó en 2013 un contrato a la empresa Bilbomática que comprendía la gestión de denuncias, un software de gestión policial y un radar móvil".

"Este contrato tenía una duración de dos años y era prorrogable por otros dos, prórroga que hizo efectiva el equipo de Gobierno del PP en febrero de 2015", han explicado.

Así, en febrero de 2017, el actual Gobierno dio por finalizado el contrato con Bilbomática. Actualmente, la gestión de denuncias se gestiona directamente por la Policía Local de Navalcarnero.

En cuanto a Guadarrama, el Gobierno local ha destacado la "total colaboración" de la alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, el equipo de Gobierno y los funcionarios públicos con la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial. También, el regidor de Manzanares El Real, Óscar Cerezal, ha rechazado que en el municipio haya contratado servicios a las empresas implicadas. El Escorial ha asegurado que "nunca" ha tenido un contrato con Gespol y en Parla se han mostrado "tranquilos".

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