El Supremo bloquea la construcción de 6.000 viviendas al borde del Tajo

El Tribunal Supremo ha bloqueado las pretensiones del Ayuntamiento de Aranjuez de construir 6.000 nuevas viviendas en terrenos protegidos, en la vega del río Tajo. Así consta en una sentencia en la que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestima los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Aranjuez y la promotora Las Cabezadas Aranjuez S.L. contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Las Cabezadas Aranjuez S.L, del Grupo Isolux, firmó un convenio urbanístico con el consistorio ribereño en 2004 y adenda en 2007, para la construcción de 5.989 viviendas, además de un canal de remo para la candidatura olímpica de Madrid 2012, en Las Cabezadas, al oeste del núcleo urbano de Aranjuez, en la orilla izquierda del río Tajo. Para construir sobre estos terrenos de 244 hectáreas protegidas por su importancia agrológica era necesario cambiar la clasificación del suelo.

El Ayuntamiento de Aranjuez procedió a tramitar el cambio de las condiciones urbanísticas del suelo mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para clasificarlo como suelo urbanizable. Pero la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid informó desfavorablemente a la modificación debido al alto valor agrológico del terreno.

Estos suelos tienen la mayor capacidad agrológica de la Comunidad de Madrid, los cuales "se consideran un recurso de importancia nacional y deben preservarse para mantener la actividad agraria". La Comunidad de Madrid daba por zanjado el desarrollo de Las Cabezadas.

Esta imposibilidad legal para modificar puntualmente el PGOU paralizaba por completo los planes del Ayuntamiento de Aranjuez y de las Cabezadas Aranjuez S.L, la cual había realizado pagos millonarios al primero para poner en marcha el convenio urbanístico.

Ante la inviabilidad de aprobar definitivamente el convenio urbanístico, las Cabezadas Aranjuez S.L. demandó al Ayuntamiento de Aranjuez, exigiéndole el pago de las cantidades desembolsadas para el inicio de los trámites urbanísticos, además de reclamando al consistorio y a la Comunidad de Madrid responsabilidades de 313.482.331 euros.

De la cuantía total reclamada, una primera sentencia del TSJM, en 2016, condenaba al consistorio al pago de 12,1 millones de euros, más 2,5 millones de intereses. Esta sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento y por la promotora ante el TS. Por ello, ahora, se ha pronunciado el alto Tribunal.