El turismo movió en 2017 hasta 1.322 millones de viajeros en todo el mundo, un 7% más que el año anterior, provocando una expansión que previsiblemente se acentuará en la próxima década. España, con 82 millones de turistas extranjeros, crece un 9% y ya ocupa el segundo puesto entre los destinos más visitados. La mayor demanda extranjera se ha producido en destinos de interior como Madrid, que sigue creciendo por encima de otros enclaves tradicionales de costa. Aunque a un ritmo más moderado, 2018 se presenta con unas previsiones de crecimiento entre el 4% y el 5%.
Los datos invitan al optimismo, pero también a una reflexión sobre la necesidad de tomar medidas para alcanzar un crecimiento sostenible, con un nuevo modelo basado en la calidad -y no en la cantidad- y rediseñando las políticas en materia turística. Esta necesidad es especialmente evidente en destinos como Madrid, donde la contestación social por el aumento de la presión turística es ya una realidad y corremos, por lo tanto, el riesgo de morir de éxito.
El turismo tiene una incidencia directa sobre nuestras vidas, no solo cuando viajamos, sino como ciudadanos de a pie, puesto que caminamos por las mismas calles, utilizamos el mismo transporte público o comemos en los mismos restaurantes que los turistas que nos visitan.
Nadie es ajeno hoy a la dificultad añadida que gira en torno al alquiler de viviendas de uso turístico y, más concretamente, al crecimiento descontrolado de la oferta y a la situación irregular de muchos de esos alojamientos. En Barcelona, Palma de Mallorca o San Sebastián, el número de turistas alojados en viviendas de uso turístico ya supera el 50% del volumen de pernoctaciones y Madrid se encuentra cerca de alcanzar esos niveles.
La proliferación de una parte de esa oferta sin control ni registro alguno afecta, en primer lugar, a los propios clientes de este tipo de alojamientos, que en muchos casos no tienen garantizados sus derechos como consumidores. Perjudica también a quienes operan legalmente con sus viviendas. Incide, además, en el sector hotelero, que ve cómo se extiende una competencia desleal y padece un claro agravio comparativo en materia legislativa. Afecta, por otro lado, a las arcas públicas, a la seguridad y a la propia sostenibilidad. Y erosiona, muy especialmente, la convivencia entre residentes y turistas, especialmente aquellos que comparten un mismo espacio residencial.
El problema no viene dado por el modelo de alojamiento en sí mismo, que genera competencia, dinamismo y actividad económica, sino por los casos de masificación y la falta de control e inspección -una vigilancia, a la que sí se someten otros sectores o competidores-, que provocan, a su vez, que un porcentaje elevado de la oferta opere de forma irregular.
La realidad, por tanto, es que no se están aplicando medidas correctivas ni se están llevando a cabo las inspecciones necesarias para garantizar la actividad y una competencia en igualdad de condiciones.
Y, al margen de la supervisión, es imperativo revisar la ley para adecuarla al contexto actual. En este sentido, el borrador del nuevo decreto regulatorio propuesto por el Partido Popular en Madrid ha desatado una preocupación generalizada en todos los ámbitos que está más que justificada, ya que su objetivo parece más destinado a desregular que a afrontar la realidad. No se trata de prohibir, sino de legislar el alquiler de vivienda turística con sentido común mediante el consenso de todas las partes. Ese diálogo, por el momento, no se ha producido.
No voy a profundizar en las intenciones del gobierno del PP en nuestra región, pero no tengo claro si han entendido la auténtica dimensión del problema.
Ricardo Megías es diputado de Ciudadanos y Secretario de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Madrid.
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