Desde 2009 hasta 2015, la universidad pública madrileña ha incrementado el precio medio que pagan los alumnos a la vez que se ha reducido el dinero que aportan el Estado y la Comunidad a sus ingresos totales. Esto se traduce en un incremento de tasas y en una infrafinanciación de esta educación por parte de las administraciones. Además, la implancación del Plan Bolonia también se ha visto afectado al no poder llevarse a cabo con la cantidad de recursos necesarios.
El incremento de precios de tasas y matrículas -cuya consecuencia directa es la dificultad que supone para las clases más desfavorecidas costearse este tipo de educación- y el aumento de la precariedad -más contratación temporal de profesores y menos capacidad de contratar talento joven- son las consecuencias más claras que los alumnos de la universidad pública madrileña han podido notar durante los años en los que la crisis económica ha golpeado con fuerza al sector universitario.
Así lo afirma, en declaraciones a Madridiario, Vera Sacristán, autora del informe ¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE*, que ha presentado el Observatorio del Sistema Universitario esta semana en la Universidad Complutense de Madrid y que arroja luz sobre las piedras que se han encontrado por el camino los rectores de las universidades públicas de la región durante la última década.
Del estudio se extrae que, desde 2009 hasta 2015, la Complutense, la de Alcalá, la Autónoma, la Carlos III, la Politécnica y la Rey Juan Carlos han tenido que lidiar con una bajada de los ingresos totales que no ha sido compensada.
El dinero proveniente del Estado y de la Comunidad de Madrid durante esos años ha bajado de 6.666 euros a 4.730 por alumno, lo que ha provocado que Madrid se convierta en la comunidad que menos financiación pública destina por estudiante de España. A esto le ha acompañado una subida de tasas y una mayor presión económica para los alumnos y sus familias, que han visto aumentado el precio medio de los créditos y las tasas: han pasado de aportar 1.140 en 2009 a 1.715 en 2015.
Esto supone que, en esos seis años, los ingresos de las universidades madrileñas han variado de fuente: cuando comenzó el estudio, las administraciones representaban alrededor del 75 por ciento del presupuesto y los alumnos el 13, mientras que, el último año del que se tienen datos, Comunidad y Gobierno central ya sólo aportaban el 65 por ciento y los estudiantes, el 24. El resto de ingresos, que apenas han variado su porcentaje, provienen de otras fuentes de financiación, como patentes de investigaciones o estudios propios.
Así, Madrid es la segunda región -por detrás de Cataluña- en la que la financiación pública es proporcionalmente más baja: de cada 100 euros aportados por la administración, el estudiantado y sus familias aportan otros 36,3 euros.
Dificultad en la implantación del Plan Bolonia
Otra consecuencia de esta infrafinanciación es la dificultad para la implantación del Plan Bolonia. En 2010 entró en vigor este sistema en España. Los objetivos que perseguía eran, entre muchos otros, grupos de clase más reducidos y una atención más "especializada" por parte de los docentes, algo que, según este informe, tampoco se ha llegado a cumplir. La bajada de ingresos ha hecho que este sistema se implante "a medias", según fuentes del Observatorio del Sistema Universitario, y no llegue a cumplirse su finalidad.
*El informe mencionado se puede encontrar aquí
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