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Aprovechar la oportunidad

miércoles 25 de octubre de 2017, 11:22h

El pasado lunes, y durante unos días, los usuarios de la A-5, autovía de Extremadura, han podido utilizar la radial del mismo número de forma gratuita hasta la M-50 aunque solo durante las horas punta. La medida ha permitido paliar los efectos de las obras de ampliación de la calzada de la nacional y ha evitado atascos kilométricos, pero estas obras han vuelto a poner sobre la mesa el tema de las radiales.

Hace tres semanas me desplacé a Plasencia y utilicé la R-5; a lo largo del trayecto apenas pude ver una veintena de coches. Y eso que según Fomento el tráfico en esta radial se ha incrementado en el primer semestre del año nada menos que un 25 por ciento.

La R-5, como la R-2, R-3, R-4, la AP-41, de Madrid a Toledo, por la que circulan a diario 971 vehículos y la M-12 que va al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, que por cierto es la más utilizada con casi 21.000 vehículos diarios, son seis de las nueve radiales que entre enero y abril del próximo año van a revertir al Estado y no porque haya terminado su periodo de concesión sino porque, por un error garrafal en los estudios previos, se calculó que iban a ser muchísimo más utilizadas. Ello hizo que las concesionarias acumularan unas deudas que lograron traspasar a unos fondos de inversión que, deseosos de hacer caja, solicitaron concurso de acreedores. Y ¿qué pasa en estos casos? Pues que la Ley de Contratos del Sector Público obliga al Estado a hacerse cargo de las infraestructuras y pagar por ellas, lo que, según el Tribunal de Cuentas supondrá para las arcas públicas un desembolso de nada menos que 3.718 millones de euros más las indemnizaciones por expropiaciones que aún se encuentran en proceso judicial.

A pesar de este cálculo, el Gobierno, en un intento de minimizar este golpetazo a la hacienda pública, ha previsto el pago de ‘tan solo’ 2.000 millones en el presupuesto del próximo año, lo que hace prever un nuevo pleito judicial, y ha anunciado que volverá a licitar las radiales para ver si obtiene por ellas 700 millones y así logra reducir el agujero, aunque, de momento, ya ha sacado a concurso dos estudios de demanda y viabilidad que nos van a costar a los españoles otro medio millón de euros.

Ante ellos me pregunto: si el Estado por ley tiene que hacerse cargo de las radiales, si los atascos de las nacionales que salen de Madrid son diarios, si se sabe que hay un rechazo generalizado a pagar peajes y si los españoles con nuestros impuestos vamos a tener que pagar en su totalidad estos corredores, ¿por qué no se incorporan a la red principal como vías gratuitas y por lo menos acabamos con la sangría económica y medio ambiental que suponen los atascos? ¿O me van a decir que, después de una jugada económica tan desastrosa, el Gobierno está preocupado por el coste de su mantenimiento?

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