En los últimos años uno de los temas sobre los que más ha hablado en la Comunidad de Madrid es si está suficientemente garantizada la libertad de elección de centro educativo con la programación que de la oferta hace la Administración Educativa.
Algunos partidos políticos sabiendo que en la defensa de esa libertad hay una fuente potencial de votos significativa, han tratado de apropiarse el concepto más desde la teoría y no tanto desde el ejercicio real de sus competencias. Y no es de extrañar, porque la educación es de las cuestiones que más preocupa a las familias en su realidad práctica diaria, conscientes de que las decisiones que tomen afectarán de manera crucial al futuro de sus hijos.
Recientemente se ha vuelto a poner en evidencia el mar de contradicciones en el que se encuentra inmerso el Gobierno de Cristina Cifuentes, quien dice defender la libertad pero la limita en cuanto tiene ocasión.
Las leyes confieren la potestad de la programación específica de los puestos escolares a las Comunidades Autónomas, es decir que la Consejería de Educación es la que ha de decidir sobre cuantas plazas se necesitan para que sea posible el cumplimiento del artículo 27 que establece el derecho a la educación.
El impacto social que tiene sobre los barrios y municipios las decisiones sobre creación, fusión, cierres de centros así como cualquier reorganización de las enseñanzas ofertadas se demuestra cada año cuando llegan estas fechas y vemos reflejados en los medios de comunicación noticias sobre movilizaciones y protestas que muestran la arbitrariedad política y la falta de participación de los sectores afectados.
Desde Ciudadanos hemos observado que falta transparencia y planificación en la toma de decisiones sobre la oferta de puestos escolares, lo que pone en peligro gravemente la libertad de elección de centro.
El caso reciente del futuro cierre del Instituto de Educación Secundaria Pérez Galdos es un claro ejemplo, de cómo no deben tomarse este tipo de decisiones.
Por eso, hemos presentado una iniciativa con un catálogo básico de buenas prácticas, que se apliquen para evitar la arbitrariedad política y que devuelva a la comunidad educativa y en concreto a la familia su papel principal dentro las decisiones de programación en la oferta educativa. Es una iniciativa que también quiere proteger la continuidad de los centros que apuestan por la inclusión, con oferta de aulas TEA.
En definitiva, Ciudadanos ha elaborado una propuesta liberal que protege a los ciudadanos frente a la indefensión que se genera por la falta de transparencia y la opacidad de las decisiones pseudoadministrativas.
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