Los servicios mínimos se pactan y hay siempre una diferencia entre el sercivio que se está prestando. Los centros hospitalarios y, sobre todo, las urgencias, de las misma manera que en los servicios de bomberos o de policía, se consideran servicios esenciales y, por tanto, siempre se garantiza un servicio adecuado a la función que realizan. Por esta razón, estoy convencida que mi familiar estaría bien atendido en cualquier emergencia hospitalaria.

La Comunidad de Madrid ha tenido desde que arrancó la Ley, enero de 2007, poca voluntad política para atender de forma adecuada a los dependientes de la Comunidad de Madrid. No ha dotado de suficientes recursos a los distintos servicios, empezando por el servicio de elaboración del PIA (programa individual de atención) donde, durante tres años, los profesionales no han podido atender a las demandas de los ciudadanos. Al mismo tiempo, tampoco se ha creado plazas públicas de atención y todas estas razoneshan provocado la situación de caos en la que nos encontramos en la actualidad, cuando más de 42.000 personas con valoración de persona dependiente siguen sin recibir ningún tipo de ayuda.

Una vez realizado el dictamen (valoración de nivel y grado de dependencia) cada persona dependiente se valora sus circunstancias sociales y personales para poderle dar aquella ayuda que por sus características sea la adecuada.

Podemos decir que es el tiempo que transcurre entre la valoración de grado y nivel (dictamen) y el programa individual de atención (PIA). La Ley no marca en su articulado el tiempo que transcurre entre ambas. El Consejo Territorial de la Dependencia (organo representativo de las Comunidades que vela por le cumplimiento de la Ley) acordó en diciembre de 2009 que no podría pasar más de seis meses desde la solicitud hasta la prestación del servicio. A fecha de hoy seguimos teniendo decenas de miles de personas que llevan esperando una ayuda desde el año 2008 sin haber recibido ninguna notificación por parte de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de nuestro país está intentando controlar la gestión que realizan las distintas Comunidades de la Ley de Dependencia, pero esto no es suficiente si no establece un sistema de control que asegure el cumplimiento de la norma, que como hemos dicho no se trata de dar una ayuda por parte de la Comunidad, sino que estamos hablando de un derecho subjetivo nuevo -al nivel de la educación o la sanidad- que obliga a la administración, a la Comunidad, a dar un servicio adecuado a sus necesidades.

No va a ser más rápida. El hecho de recibir el cheque residencia no debe retrasar ni acelerar el proceso de demanda y solicitud de ayuda, pero nosotros seguimos insistiendo en que lo más importante para que funcione el sistema de gestión de la dependencia es la creación de infraestructuras y la dotación de recursos como son las plazas de residencia públicas, la ayuda a domicilio, etc. con dotación de recursos humanos suficientes e imprescindibles.

Sí, con matices. Solo las personas que tengan derecho a prestación económica son las que podrán recibir los atrasos de dicha prestación. De todas formas, se considera que se necesitan seis meses desde que se solicita la ayuda hasta que se concede, por lo que siempre se empezará a calcular la cantidad a recibir a partir del sexto mes.

En cualquier momento del proceso se pueden incorporar datos a través de informes médicos y sociales que se incorporarán al expediente en curso y podrá variar la valoración y grado de dependencia, y el tiempo de servicio a recibir.

Si lo establece el PIA sí.

El Observatorio Social de la Dependencia en Madrid nace de la necesidad de distintas organizaciones sociales madrileñas de unir esfuerzos para denunciar socialmente el incumplimiento de la Comunidad de Madrid en la gestión adecuada del sistema de la dependencia con vocación abierta para que cualquier organización social sin ánimo de lucro se una al mismo y así conseguir que las personas dependientes de nuestra Comunidad no se vean discrimanadas en su derecho. Actualmente el observatorio lo componen UGT-Madrid, CCOO-Madrid, CECUMadrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Por lo tanto, la forma de contactar es a través de cualquiera de ellas.

Actualmente existen muchas organizacione dispuestas a colaborar y a ayudar en estos casos a través del Observatorio Social por la Dependencia o de las asociaciones que lo componen, a través de las más de 30 plataformas ciudadanas que se han creado para este fin cualquier persona, acudiendo a ellas, puede denunciar la situación y le orientarán sobre de qué manera se puede proceder para denunciar jurídicamente su caso. Animamos a la gente a denunciar en los tribunales sin dudarlo esta situación de atraso que contraviene la norma.

Acudiendo a cualquiera de las asociaciones que componen dicha plataforma. No todas las plataformas están compuestas por las mismas organizaciones, pero casi todas se encuentran en cualquier localidad de nuestra Comunidad y en casi todos los distritos de la capital. En ella, la UGT siempre está presente como también en muchas de ellas la asociación de vecinos de la zona y al mismo tiempo también la agrupación socialista del distrito.

El procedimiento siempre es el mismo: acudir a los servicios sociales de proximidad, adjuntar los certificados médicos y sociales que tengamos y a través de este servicio iniciar la demanda de ayuda.

No, la situación de tu padre no va a cambiar siempre que no haya cambiado su situación física. También es verdad que la Comunidad de Madrid está acabando con los servicios sociales que ya existían con anterioridad a la Ley. Por esta razón, en las residencias públicas personas que entraron a través del procedimiento anterior, hoy, se están viendo valorados con la intención de que dichos servicios ya existentes entren a formar parte de la red de infraestructuras creadas para dar servicio en el desarrollo de la gestión de la Ley de Dependencia. Hemos terminado por no contar como ocurría anteriormente con distintos tipos de residencias para personas mayores según las características de los mismos, es decir, residencia para personas asistidas y residencias para personas válidas. Esta valoración ya no se utiliza en Madrid y solamente las personas que se encuentran en una situación de dependencia extrema (grados I y II) son las que actualmente las utilizan.

Desgraciadamente, cada Comunidad gestiona de manera muy diferente la Ley. Por lo tanto, muchos dependientes en comunidades como Madrid están siendo discrimanados por su comunidad, situación tal que no ocurriría si la comunidad fuera otra. Por esta razón, llevamos tiempo demandando al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales la creación de un organismo de control que vigile el cumplimiento adecuado de la Ley y controle de forma real que la misma se cumple y que las personas que la solicitan no están discrimandas.

Existe el denominado caso de urgencia social tanto a nivel médico como social. Sin embargo, vemos diariamente como decenas de personas mueren sin recibir ningún tipo de atención de la comunidad que estaría obligados a atenderlos.

Por desgracia, llevamos más de tres años solicitando a la Comunidad de Madrid la creación del Comité Consultivo, que no es otra cosa que un órgano de control y seguimiento de la Ley. Este órgano estaría compuesto por las organizaciones sociales y debería de ser donde la Comunidad informara de los datos y circunstancias que acompañan el desarrollo de la gestión. Como no existe, como ocurre en otras autonomías, en Madrid solo podemos hacer estimaciones de los dependientes reales. En datos que manejan los profesionales de este área que ponen en relación número de solitidues por número de habitantes se estimaría actualmente en más de 700.000, cuando los datos "oficiales" que da la Comunidad de Madrid solo ascienden a 105.000 solicitudes.

Canarias, Madrid y Valencia, en este orden, encabezan las comunidades que peor gestionan la Ley de Dependencia, según los datos oficiales que ellas mismas dan al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y que se publican mensualmente.

Me gustaría pensar que sí.

No, desgraciadamente la situación de crisis económica en Madrid ha provado que cientos y miles de personas trabajadoras que llegaron a nuestra comunidad para empezar un proyecto de vida se vean abocados a una situación que nos preocupa en extremo de riesgo de exclusión. La imagen del excluido que todos hemos tenido en mente ha cambiado de forma extrema radical y el incremento de personas que solicitan ayuda a administraciones y organizaciones sociales para poder llegar a fin de mes, a veces para comer, se ha incrementado en más de un 150%.

No. Uno de los grandes problemas de las personas en situación de riesgo de exclusión es que la crisis nos "ha pillado" desprevenidos a todos. Ese cambio de perfil de la persona en situación de exclusión tan importante (ya no es un indigente, ni ex toxicómano, etc.), sino cientos y miles de personas trabajadoras que se han quedado sin nada y no cuentan con una red familiar que pueda apoyarles en esta dura situación. No obstante, la Comunidad de Madrid concede la Renta Mínima de Inserción desde hace años, pero, desgraciadamente, ni por su cuantía (unos 450 euros), ni por el número de personas que la reciben llega a solucionar el problema. No existe a su vez infraestructuras (viviendas, comedores...) suficientes para que sin tener que pasar por un albergue público para indigentes permita a estas personas una vida independiente y digna.

No. Creo que nadie ha estado a la altura. Considero que ni la Unión Europea ha esblecido políticas sociales adecuadas para poder erradicar la pobreza y disminuir el número de personas en riesgo de exclusión. Además, y debido a la crisis económica, países como España, con gobiernos socialistas que en un principio han apostado por las políticas sociales, a la hora de hacer recortes a caisa de la crisis han recortado derechos sociales y, sin duda, veremos disminuido el prespuesto encamnado a este fin. También y de forma mucho más evidente, en nuestra comunidad, donde no creen en las políticas sociales, vemos una carencia total y absoluta de voluntad política para hacer frente a estos problemas.

Nadie. La LISMI (Ley de Integración Social de Minusválidos, del año 82) establece este porcentaje, pero, sin embargo, da la posibilidad a las empresas de crear centros especiales de empleo (alternativa fácil) que aunque debieran de ser un paso intermedio para la integración efectiva y real en el mundo laboral normalizado, hoy en día son centros estables donde no existe voluntad de integración real de esos trabajadores en el mundo laboral, pero este sistema es legal. La inspección de trabajo que debería controlar que esta situación no se hiciera permanente, sin embargo, ni obliga al empresario a contratar personas con discapacidad ni hace el paso por estos centros especiales un proceso de aprendizaje para estas personas.

Desgraciadamente, aunque existe un protocolo para estas situaciones, es largo y tedioso, puesto que en lugar de que la solicitud de reparación vaya a los técnicos y se solucione, pasa a la Consejería y de allí el mismo impreso pasa al Ministerio y es este el que debe autorizar y dar la orden para que se solucione. Por lo tanto, instamos a las administraciones autonómicas y estatales a agilizar el proceso, buscando la eficacia y el servicio a estas personas que por tener una discapacidad o por edad necesitan, para realizar su vida diaria, estos servicios

Sí pueden acceder. Existe en nuestro país una ley, la de Accesibilidad Universal, que obliga a reservar el 3% de las plazas a personas con discapacidad. Por lo tanto, a través de una solicitud podrás exigir a tu ayuntamiento la puesta en marcha de estas plazas que posibilitan no solo la realización de un deporte, sino que posibilitan, a su vez, su integración social con otros chavales de su edad.

Pues sí. Tu empresa está obligada a ponerte la adaptación que requieras, puesto que la promoción y la formación es un derecho que tienes como trabajador y las leyes laborales y la propia LISMI te respaldan y no puedes ser discrimanado por tener una discapacidad. Te aconsejo que acudas a tu delegado sindical o al comité de empresa y lo denuncies.

Denuncialo. El empresario tiene la obligación de cumplir lo que dice tu contrato. Podría haber negociación y que tú de forma voluntaria accedieras a trabajar algún sábado, siempre consideránlo como horas extraordinarias, que tendrían que ser abonadas.

Desgraciadamente, tengo que decirte que lamento que sea un Gobierno socialista el que tome estas medidas tan antisociales. Todos somos conscientes que las presiones que los mercados y las entidades financieras están haciendo, pero sin duda hubiera preferido que las medidas fueran encaminadas a la protección social de los más desfavorecidos y al incremento de los impuestos por parte los que más tienen. Espero que a partir de ahora, porque seguirán las medidas, estas vayan en esa dirección. En otro asunto de cosas, considero que los sindicatos somos un blanco a batir por estos mercados y entidades financieras. Por ello, los ataques que estamos sufriendo van dirigidos a debilitar nuestra acción. Sin embargo, estoy convencida que cuando más reaccionan las organizaciones y las personas es cuando ven y sienten en peligro sus derechos.

Propongo lo más sencillo: dotar de presupuesto suficiente este servicio porque, sin duda, viene a avalar una ley y a dar respuesta a un derecho subjetivo y ciudadano.

Yo creo que estamos asistiendo a un ataque directo a la Europa del bienestar. Mercados y entidades financieras consideran que tienen más productividad en otro tipo de sociedades donde no existe protección social alguna ni derechos laborales, como sucede en países como China, India, etc. Solo la respuesta firme de los ciudadanos podrá parar este ataque a los trabajadores que, sin duda, vamos a ver incrementado en los próximos tiempos

Posiblemente, la repuesta es sencilla. Piensa que los trabajadores, los pensionistas, los jubilados.. somos colectivos fáciles de abatir. Por lo tanto, nuestra respuesta y contundencia es fundamental si no queremos perder derechos y bienestar social.

El dinero siempre es importante y cuando se habla de servicios es necesario que tengan una dotación suficiente para que los mismos sean de calidad. Sin embargo, consideramos que el Gobierno de la nación tiene que obligar a las comunidades al menos a que cumpla la Ley y pongan la cantidad de prespuesto que la misma marca. En comunidades como la de Madrid, aunque se diga lo contrario oficialmente, mes tras mes incumple sus compromiso y ni pone el presupuesto suficiente ni se dota de los recursos humanos y técnicos necesarios.

Por desgracia, la valoración no puede ser buena porque paradójicamente estamos asistiendo a un desmantalemiento de las mismas sin haber llegado a desarrollar ni mínimamente la cacareada Ley de Dependencia. En la Comunidad, hemos asistido a un derioro de los servicios sociales porque no todo es dependencia. Servicios que se prestaban de forma tradicional como la atención a menores o a personas con VIH ven mermadas y, en algunos casos, suprimidas las partidas presupuestarias que anteriormente tenían.

La UGT apuesta por otras medidas. Tenemos que incrementar, y esta es nuestra propuesta- el acceso de los jóvenes al mercado laboral, con empleos de calidad y estables. Esto, sin duda, hará de nuestro país un país más competitivo y rico, y a su vez podremos seguir protegiendo socialmente a las personas que después de su vida laboral se merecen un justo descanso y una jubilación digna.

Muchas gracias a vosotros y espero que los ciudadanos de Madrid que se ven afectados y necesitados de servicios sociales puedan en un futuro cercano disfrutar de un derecho que como ciudadano tienen.