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Imputan al director de Telemadrid por prevaricación

miércoles 24 de abril de 2013, 00:00h
Actualizado: 25/04/2013 14:34h
El Juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón, en su auto de 16 de abril, ha admitido a trámite y abre diligencias, en calidad de imputado, contra el director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez Domínguez, por delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario, todos los que se recogen en la querella presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid de CCOO.
En la querella, CCOO estima que José Antonio Sánchez, al frente de Telemadrid desde julio de 2011, ha podido cometer varios delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el erario público, tipificados en el Código Penal, para todos los que el Juez ha abierto diligencias. La querella, presentada en el mes de febrero, denunciaba la utilización de empresas contratistas para realizar los cometidos que hasta ahora se venían haciendo por el personal despedido en el ERE, mediante la ocupación del centro y la sustitución de los puestos de trabajo con personal ajeno a Telemadrid. Este hecho reúne las características propias de una cesión ilegal de trabajadores y cuestiona la validez de los despidos efectuados, cuyos puestos son amortizados por causas económicas.

Esta subcontratación de servicios, se habría hecho, a juicio de CCOO, presuntamente, incumpliendo por completo la obligación de información a los representantes de los trabajadores legalmente impuesta por el art.42.4 ET, lo que para este sindicato implica no solo un ilícito laboral, sino un medio para asegurar la clandestinidad del procedimiento de adjudicación, que se habría producido vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, menoscabar los controles previos y hacer inviable el ejercicio efectivo del derecho de huelga.

La Federación regional de Servicios para la Ciudadanía de CCOO recuerda que el ahora querellado ha rechazado reiteradamente reunirse con los representantes de los trabajadores, incluso tras la sentencia del TSJ de Madrid que declaraba improcedente el despido colectivo de 829 empleados públicos de la cadena autonómica.
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