La indignación por los recortes como consecuencia del recrudecimiento de la crisis tuvo muchas consecuencias en 2012. El hartazgo ciudadano hacia la clase política explotó en una protesta alrededor del Congreso el 25 de septiembre (25-S). La manifestación se saldó con 64 heridos y 35 detenidos, lo que puso en entredicho la actuación policial.
Lo que pretendía ser una protesta pacífica, según sus convocantes, se convirtió en una batalla constante entre policía y manifestantes. Tras varias horas y cargas intermitentes,
la protesta que se conoció como 'Rodea el Congreso' concluyó con 35 detenidos y 64 heridos, uno de los cuales sufrió una lesión medular si bien el hombre ya tenía diagnosticada una patología cervical previa. La Delegación del Gobierno, que había desplegado a más de 1.300 agentes, estimó que la marcha congregó a unas 6.000 personas. Sin embargo, en las horas de mayor afluencia llegó a haber muchas más.
Bajo el lema 'Rescatar la democracia', los protestantes, que habían salido desde varios puntos de Madrid, ocuparon calles y plazas del centro durante varias horas. La mayor concentración tuvo lugar en la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno). La delegada
Cristina Cifuentes había autorizado —tras la solicitud de un particular, pues los convocantes abogaban por no pedir permiso como acto de desobediencia civil— una asamblea permanente hasta las 21.30 horas en el Paseo del Prado.
La protesta fue
dura, áspera, sin cánticos festivos, aunque sí lanzaron mensajes como "Gobierno, dimision". Todas las calles aledañas al Congreso de los Diputados estaban acordonadas y, en todas, los agentes 'antidisturbios', protegidos con cascos, chalecos y escudos, impedían el paso. La tensión y confusión fue generalizada. La Policía, que contó con
agentes infiltrados, cargó en numerosas ocasiones con, para muchos, una
brutalidad excesiva. Uno de los momentos más violentos se vivió en la
estación de Atocha. Cifuentes justificó la actuación policial asegurando que las UIP habían recibido un
"ataque desproporcionado".
Pedraz, protagonista
Al
día siguiente, varios miles de personas repitieron la protesta ante el Congreso para exigir la puesta en libertad de los detenidos la jornada anterior. Y es que a los 35 arrestados se les acusó de delitos
contra los altos órganos de la Nación y la forma de Gobierno, tipificados como delitos mayores. La puesta a disposición judicial de estos detenidos originó en su momento una discrepancia entre la Policía y el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz, que consideraba que no era su competencia, además
archivó la causa contra los ocho convocantes del 25-S y enmarcó la protesta en el
derecho a la libertad de expresión.
Finalmente la juez de guardia de los juzgados de Plaza Castilla tomó declaración a los detenidos y puso en libertad con cargos a 33 de ellos, mientras que decretó para otro su ingreso en prisión eludible bajo una fianza de 1.000 euros.
La coordinadora del 25-S convocó una nueva protesta, para la que
no solicitaron permiso, para rodear el Congreso el
23 de octubre que concluyó
sin incidentes. Durante esta jornada la Policía identificó y multó a varios manifestantes, igual que ocurriría días más tarde (
27 de octubre), motivo por el cual Izquierda Unida decidió
querellarse contra la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
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