El proyecto de reforma de los presupuestos para 2012,
aprobado por el Ejecutivo regional a principios del mes de junio, no dejó indiferente a nadie. Aguirre conminaba a los ciudadanos a realizar
un "esfuerzo" adicional orientado a sanear las arcas públicas para ahorrar
1045 millones de euros y lograr así el techo de déficit del
1,5 por ciento.
El proyecto confirmaba la rebaja de sueldos a los empleados públicos, interinos y altos cargos
que se barajaba desde semanas atrás e implantaba una
subida generalizada de tasas y el establecimiento de
peajes en autovías para 2013. Una medida esta última que posteriormente
sería desechada por el nuevo Ejecutivo regional de Ignacio González por su "difícil aplicación técnica". Además, la Comunidad anunciaba su intención de
reducir a 65 el
número de diputados de la Asamblea de Madrid.
El Ejecutivo proponía un
ahorro de
1.045 millones de euros sobre un presupuesto de
18.000 millones en 2012. De ellos, 650 correspondían al Plan Económico Financiero y más de 300 a
bajadas de sueldo, amortizaciones de plazas y retiradas de subvenciones. Además, la Comunidad ingresaba 60 millones como consecuencia de la
extinción de consorcios urbanísticos y preveía recabar otros 50 de la conversión del
Canal de Isabel II en Sociedad Anónima.
La
reforma de los presupuestos pasaba por la creación de
40 nuevas tasas y la
modificación de otras 15 para lograr unos ingresos extras de 15 millones de euros. De
nueva creación era la
tasa de 80 euros que deberán pagar las
parejas de hecho por inscribirse en el registro, la de 20 euros por solicitud de revisión o certificación de
grado de discapacidad, la de 10 euros por pérdida o extravío de la
tarjeta sanitaria o la de 6 euros por expedición del título de
familia numerosa.
Subían también las
tasas de guardería, casas de niños y
centros de enseñanza de régimen especial. Los niños de 0-1 años escolarizados en las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid pagarían 60 euros más al mes en todos los tramos de renta. Por su parte, las familias que superaran los 25.000 euros pasarían a desembolsar 225 euros mensuales.
Los
precios de la
Escuela Oficial de Idiomas se duplicaban pasando de los 100 euros actuales a 200 euros por curso, mientras que la matrícula para estudiar
Formación Profesional de Grado Superior se incrementaba hasta alcanzar los 250 euros. Se encarecía también el precio de los
créditos universitarios, que se incrementan desde 21,94 euros actuales hasta los 31 euros. Por último, los usuarios de los
centros de día de mayores deberían aportar el 30% de su renta per cápita para sufragar el servicio.
En la ley destacaba también la
rebaja escalonada del sueldo de los
empleados públicos, entre los 14 euros al mes para los que cobren menos y 141, para los de rentas más altas; la bajada de la subvención a la
justicia gratuita o la eliminación de entes como la agencia de formación sanitaria
'Pedro Laín Entralgo'. El plan
era aprobado definitivamente por el Pleno de la Asamblea a principios del mes de julio.
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