Garzón, visto para sentencia

Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, ha vuelto a despojarse, por segunda vez, de su toga en este juicio en el que con la voz afónica ha insistido en su inocencia ya que según ha afirmado, todas las decisiones se tomaron respetando la ley.

El presidente del tribunal, Joaquín Gómez le ha avertido, hasta tres veces, de la necesidad de ser breve en su intervención. El juez, ha explicado: "Soy juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y llevo en ese juzgado 23 años de los 31 que formo parte de la carrera judicial". Con este argumento, Garzón manifestaba que la "competencia" que le otorga su cargo le permitió tomar las medidas que creyó necesarias.

Seguidamente, el juez ha puntualizado, sobre lo manifestado unas horas antes por los abogados de la acusación particular, que "juez es quien tiene encomendada la protección del derecho de defensa y que en este caso "en ningun momento se violentó ni se lesionó", sino que por el contrario se "defendió" dicho derecho "con apego a la ley e intentando conciliar los derechos fundamentales en juego".

Según Garzón, la prueba de "la defensa del derecho" se encuentra en la cláusula que introdujo en los autos señalando que debía preservarse el derecho de defensa, así como en el auto que dictó el 27 de marzo de 2009, para expurgar de las transcripciones aquellos fragmentos que pudieran afectarlo.

Además, Garzón  ha recordado que se trataba de evitar la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que es de carácter grave, y que las "leyes exigían adoptar la medida que él llevo a cabo" en virtud de las circunstancias concretas de ese acto y en ese momento. Al final, sobre el método empleado para hacer los expurgos, Garzón ha señalado que "no puede prescindir del Ministerio Fiscal y de su concurso en el desarrollo de una instrucción mucho menos cuando las diligencias están secretas", y que en este caso la fiscalía Anticorrupción "contribuyó" a esta tarea.

Con las palabras del juez queda visto para sentencia este juicio, que comenzó el pasado martes ante la Sala de lo Penal del Supremo y se ha desarrollado desde entonces en sesiones de mañana y tarde con la comparecencia de seis testigos y la escucha por parte de la Sala y las diferentes partes de un fragmento de las escuchas, realizadas en la prisión de Soto del Real (Madrid) a los cabecillas de "Gürtel" Francico Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias. Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.