La Federación de Asociaciones de Vecinos ha informado de que se ha visto obligada a contratar los servicios de un gabinete jurídico especializado "para garantizar la vigencia" de la ordenanza y "emprender esta batalla jurídica". No obstante, ha precisado que las "altas" costas del proceso les ha llevado a habilitar una "cuenta de solidaridad" con la causa. "Somos conscientes de que corren tiempos difíciles para todos pero, con la experiencia de crecernos ante las dificultades, os pedimos vuestra solidaridad con Leganés con una aportación de 15 euros o la cantidad que se adecué a vuestros recursos", ha esgrimido el colectivo vecinal en un comunicado.

La medida se ha adoptado después de que, según la FLAVL, el Gobierno local del PP no haya "prestado el apoyo jurídico solicitado por la federación local". El pasado mes de enero entró en vigor la ordenanza, un documento "pionero" en el país que fijaba la emisión de las antenas en una potencia máxima 4.000 veces por debajo de lo permitido hasta este momento (hasta los 0,1 microvatios por centímetro cuadrado) y que garantizaba al Ayuntamiento las labores de medición y vigilancia mediante una red técnica de control que ofrecerá datos "en tiempo real".

Tras ello, el portavoz de la asociación que engloba a las operadoras de telefonía (REDTEL), Miguel Udaondo, aseguró que, de aplicarse la normativa municipal, casi el 40 por ciento de los inmuebles del municipio carecerían de cobertura en el interior, y que obligaría a modificar toda la infraestructura para poder seguir dando la misma calidad del servicio.