Así lo han anunciado este viernes los representantes de Redes Cristianas, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y Europa Laica, quienes han convocado una rueda de prensa para hacer pública la resolución dictada por la Delegación del Gobierno en la capital.

Según el documento, queda autorizada la manifestación que se había convocado para el próximo 17 de agosto y que contempla un recorrido circular que comenzará y concluirá en la madrileña plaza de Tirso de Molina, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto y la proyección de un montaje audiovisual, han informado los portavoces.

De esta forma, los asistentes a la vista del papa Benedicto XVI tendrán que compartir las calles con los que se oponen a la misma. La resolución determina que la marcha trancurrirá por la plaza de Jacinto Benavente, la calle Carretas, la puerta del Sol y Sevilla, regresando al punto de partida por la zona de Huertas, un recorrido muy aproximado al que se propuso en un primer momento a la Delegación. El inicio en Tirso de Molina y paso por Sol eran, según los convocantes, "irrenunciables" para garantizar la visibilidad de la marcha.

Durante la rueda de prensa, los ponentes han querido hacer, de nuevo, hincapié en que el acto del próximo día 17 "no es una manifestación antipapa", sino una crítica a que un porcentaje de los gastos originados por la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) sean sufragados con impuestos catastrales. Luis Vega, presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, ha asegurado que estiman este gasto público en torno a los cien millones de euros y "no descartan presentar una denuncia al Gobierno Central la aportación pública esté más detallada". Asimismo, ha declarado que "no se entiende que un país con cinco millones de parados acoja un evento tan ostentoso".

Una ruta controvertida
El recorrido de esa manifestación ha sido objeto de controversia en los últimos días. La Delegación propuso limitar el recorrido de la protesta a Lavapiés alegando cuestiones de seguridad. La coincidencia de esta con los actos de la Jornada Mundial de la Juventud, que desde el 15 al 20 de agosto llenarán el centro de la ciudad de peregrinos y obligarán a cortar los ejes del Prado-Recoletos y Gran Vía, suponía, a juicio del Gobierno, un riesgo que era innecesario correr.

En cuanto a la supuesta participación de miembros del movimiento 15-M en la manifestación, Vela ha declarado que desde las asociaciones convocantes "no ha habido ningún intento de vincular al 15-M con la manifestación aunque, lógicamente, podrán aderirse como cualquier ciudadano".

Primeras reacciones
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha abogado "por una solución similar a la de la pasada Semana Santa", cuando la procesión laica fue prohibida. Asimismo, ha afirmado que la decisión "atenta contra el derecho de la organización de la JMJ a celebrar la visita del papa en libertad y sin coacciones" y ha añadido que la decisión de la Delegación promueve el "enfrentamiento entre los ciudadanos".

Según Henríquez de Luna, la solución apropiada pasaría por "autorizar la manifestación en otro momento, sin coincidir con la celebración de la JMJ". Desde el conjunto de asociaciones convocantes han respondido que la fecha del 17 de agosto se eligió por consenso y por entender que no tenía sentido celebrar ningún acto sin coincidir con la fecha de la  JMJ. Además, han añadido que se escogió ese miércoles porque era "el único día que el papa no tenía ningún acto programado y, por ende, no había probabilidad de boicot".