En este sentido, el SUP ha anunciado su decisión de recurrir ante los tribunales la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al entender que "trata a los inmigrantes como delincuentes". A su juicio, la Comisaría General ha reinterpretado la Ley de Extranjería avocando a los policías que cumplan con esa circular a cometer detenciones ilegales "sancionadas con penas de cárcel y expulsión de la Policía".

La circular en cuestión pide a los agentes que trasladen a comisaría a una persona "española o extranjera" que no pueda acreditar su identidad en el momento o su situación regular en España. El Ministerio del Interior se ha apresurado a aclarar que la iniciativa es totalmente legal y que una vez en dependencias policiales se dan "más garantías" al detenido, ya que se tratará de solucionar su expediente cuanto antes sin agotar el plazo de máximo prevención preventiva, situado en 72 horas. Para el SUP en cambio, esto es un paso más en los controles e identificaciones masivas que la Policía llevó a cabo en distintos barrios en Madrid en 2009, según los sindicatos policiales y las asociaciones de inmigrantes.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha negado sistemáticamente que se diese prioridad a las identificaciones de personas con rasgos extranjeros. Igualmente, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó el año pasado que hubiera "objetivos cuantitativos" a la hora de pedir los papeles y detener a inmigrantes y recalcó que si alguien había dado esa orden fue un error que se subsanaría de inmediato.

¿Nadie se extraña?
Según explicó a Europa Press el secretario de comunicación del SUP, José María Benito, la formación solicita "la retirada inmediata de esta Circular" y recomienda "a todos los policías encargados de cumplirla que actúen desde la legalidad, evitando así posibles sanciones penales y disciplinarias".

A su juicio, resulta impensable que en Madrid se identificase el año pasado a tal nivel de población. "¿Nadie se extraña que se informe que en Madrid se identificaron el pasado año a 445.000 ciudadanos, uno de cada cuatro aproximadamente? ¿Queda algún espacio para la libertad en el equilibrio entre ésta y la seguridad?", concluye.