De momento habrá atención social y diagnóstico, pero el realojo es una posibilidad muy lejana para los habitantes del Gallinero y, además, imposible para muchos de ellos. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, fue tajante al respecto: "No realojamos a ilegales". "Primero, porque estos procesos los pagan con sus impuestos todos los madrileños y, segundo, porque se produciría un efecto llamada que provocaría que habitantes de otras zonas chabolistas se mudaran allí con la esperanza de que les dieran una vivienda", explicó. La delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, suscribió las palabras de Mariño.

El Gallinero, donde el IRIS atenderá a 70 familias para lograr su intervención social, tiene una "difícil solución". Según explicó a Madridiario la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, muchas de las familias que ahora residen en ese núcleo chabolista han pasado por el programa municipal APOI de acogida para familias del Este, actualmente ampliado y abierto a inmigrantes de otras nacionalidades. Este programa exige a los usuarios escolarizar a sus hijos y adoptar hábitos de vida saludables y normalizados, lo que algunas familias han rechazado por lo que han preferido mudarse al Gallinero para continuar con su propia forma de vida, explicó la delegada.

Además, el seguimiento de las familias en este asentamiento "es muy complicado", añadió la delegada, ya que, cuando las familias saben que pueden recibir una orden de derribo, se mudan a otra vivienda, incluso dentro del mismo poblado. De esta forma, cuando les llega la notificación, la familia ya no está y la orden judicial queda sin efecto.
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