El pasado mes de marzo Esperanza Aguirre prometía por sorpresa en los pasillos de la Asamblea de Madrid una ley para mantener la parte de vía pecuaria protegida y, al tiempo, legalizar la parte patrimonial del suelo que había sido adquirido u ocupado por sus actuales 'propietarios' de forma pacífica.

La presidenta regional aseguró que se habilitarían los meses de julio y agosto si fuesen necesarios para que la Asamblea trabajase durante el verano y la ley estuviera lista para septiembre, pero de momento no se ha hecho la solicitud a la Cámara ni se han comunicado avances al respecto.

 La ley debía ser por consenso, pero este viernes, ante la tardanza de las conversaciones, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid presentó su propia solución.

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; la portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez; el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas; y los primeros tenientes de alcalde de Rivas y Coslada pusieron sobre la mesa la conversión de estos 14 kilómetros en un "corredor verde" que incluyese desarrollos urbanísticos sostenibles y acabe con todas las chabolas y, en ocasiones, chalets. Según Gómez, así se resolvería lo que es "un grave problema y una vergüenza".

El PSM propone realojar a parte de los 50.000 habitantes que ahora mismo viven sin servicios básicos, agua corriente o suministro eléctrico, pero ni si quiera los residentes lo tienen del todo claro. En general, estarían de acuerdo con pagar por los servicios que se les diesen legalizando sus propiedades con tal de tener un barrio decente, pero no todos podrían hacer frente a los gastos de compra del terreno y el realojo, dadas las numerosísimas realidades particulares que existen, tampoco contenta a todos.

¿Quién atenderá los servicios?
El consenso tampoco parece posible de momento entre los políticos. La Cañada es un cinturón que en la actualidad afecta a Madrid capital, Rivas , Coslada, San Fernando y las proximidades de Getafe. Las socialistas Rivas y Coslada apoyan la propuesta general de su partido, pero el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular de la Asamblea e Izquierda Unida creen que es un a solución "oportunista" y "unilateral" que se salta el consenso.

El PP, que tiene la iniciativa legislativa por gobernar la Comunidad, asegura que su ley está "muy avanzada" y que su debate se realizará pronto, pero en la Cañada se sigue esperando la decisión final mientras se suceden los desalojos y derribos ocasionales. Con todo, el debate fundamental no está tanto en la legalización de terrenos (las causas humanitarias se impondrían en parte a la conservación) como en quién dará servicios a esos madrileños cuando se constituyan en un auténtico barrio o barrios.