Entre las novedades que este texto introducen, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, indicó que se regulará "con más detalle" la prohibición de grafitis ampliándola a monumentos, mobiliario urbano y arbolado; ampliar las multas de 300 a 3.000 euros llegando incluso a 6.000 euros en caso de reincidencia; obligar a los dueños de animales domésticos a recoger los excrementos; imponer fianzas a organizadores de actos públicos para responder de los costes derivados de los trabajos extraordinarios de limpieza; o regular con más detalle la recogida de residuos. Todo ello bajo el principio de 'quien contamina, paga', según recordó la concejala.

En total, al texto se presentaron 40 alegaciones, así como 34 enmiendas socialistas -seis aceptadas- y otras 36 de IU -dos aceptadas-, algo que los grupos de la oposición consideraron claramente insuficiente ya que no sirvieron para modificar el carácter "meramente recaudatorio" del texto, que sólo "busca sancionar" y que "trata a los madrileños como infractores, contribuyentes y usuarios, pero no como ciudadanos".

Incremento de las multas
El socialista Pedro Santín también criticó el incremento "del 1.700 por ciento" en algunas de las sanciones, lo que a su juicio "deja muy claro que su objetivo es sólo recaudatorio". "Las infracciones graves que hasta la fecha eran de 90 euros como máximo, ahora pasan a 1.500 euros; las infracciones muy graves pasarán de 1.500 euros a 3000 euros, y en algún caso hasta los 6.000", señaló.

Como ejemplos, citó que "echar migas a los patos en el parque podrá costar 750 euros; tirar un cigarro al suelo, 750 euros; tirar un papel o que se caiga y no recogerlo, 750 euros; buscar en la papelera para coger un cartón o para buscar comida, 750 euros; no recoger las cacas de perro, 1.500 euros; orinar contra un árbol en una ciudad sin urinarios públicos, 1.500 euros; hacer pintadas o grafitis, hasta 6.000 euros y pagar los costes de la pintada", y criticó que no se tengan en cuenta las diferentes circunstancias que se puedan dar en cada caso.

"También se sancionará con 750 euros a quien no separe los residuos, y habrá 300 inspectores para hacerlo, con una intromisión intolerable en la intimidad de los vecinos. Y si no se sanciona a un vecino o a la comunidad, piden a los ciudadanos se conviertan en delatores al servicio del Ayuntamiento. Ésta es una ordenanza que nos sanciona, nos intimida... todo para recaudar", concluyó Santín.

Piratas del cartón
Por otra parte, López fue dura con la decisión del Ejecutivo local de multar con 750 euros a quien rebusque en la basura. "Es absolutamente vergonzoso. Quien se ven en esta necesidad no lo hace por gusto, sino para sobrevivir, y no son sólo los indigentes sino también muchas gente mayor, y ahora en tiempos de crisis aún veremos más", aventuró.

A este argumento, Botella respondió que Madrid cuenta con una "red de atención social muy importante" cuyos expertos "ofrecen recursos cuando ven a una persona rebuscando en la basura", y además aseguró que "los inspectores medioambientales saben distinguir muy bien a una persona sin techo de los piratas del cartón".

"Yo me niego a vivir en una ciudad y en una sociedad en la que tenga que aceptar que hay personas que van a rebuscar en la basura para comer. El Ayuntamiento tiene que velar por las condiciones sanitarias de la ciudad. Desgraciadamente, la destrucción de un millón de puestos de trabajo en un año está produciendo nuevos perfiles sociales en la ciudad", consideró, añadiendo que el objetivo del Ejecutivo local es "hacer la convivencia lo más agradable posible porque los madrileños quieren una ciudad limpia".

Además, se defendió de las acusaciones de buscar recaudar alegando que "se trata de defender los derechos de la mayoría", que "paga mucho para tener una ciudad limpia y segura", y subrayando que "sólo se sancionará a los que perturban" este derecho.